Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Carlos Julio Cortés Sánchez, gerente de Global Forensic Auditing, afirma que el mercado está en la búsqueda de profesionales preparados académicamente con un desarrollo de competencias más profundas en investigación que las que se ofrecen en los programas de educación convencionales en Colombia.
En atención a la pregunta: ¿hasta dónde llega la responsabilidad del contador público, en sus diferentes roles, como contador, auditor, revisor fiscal, en las transacciones económicas? Carlos Julio Cortés Sánchez, gerente de Global Forensic Auditing, aduce lo siguiente:
«(…) las entidades de control deben investigar a los contadores, auditores y revisores fiscales en todos los casos en que haya indicios de corrupción, ya que cuando se materializa alguna transacción económica, hay una persona encargada de contabilizar y registrar en libros, así como de auditar el cumplimiento de las normas y de certificar registros y revelar situaciones anómalas.»
Según Cortés Sánchez, no hay que olvidar que el ordenamiento legal colombiano prevé que el contador denuncie. Lo anterior quiere decir que en los casos de transacciones, operaciones o negocios con entidades del Estado, el contador está obligado a denunciar las operaciones y transacciones que considere inusuales o sospechosas por implicar una actividad que se presume ilícita.
«Pero frente a los recientes escándalos, nos preguntamos ¿están los contadores egresados suficientemente preparados para ir más allá del registro de documentos que entrega el ordenador del gasto, cuando están vinculados a departamentos de contabilidad? ¿Cuentan con las herramientas técnicas y de análisis para ejercer, con idoneidad y la profundidad requeridas, las labores de auditoría o revisoría fiscal que por ley pueden desarrollar?», se pregunta Cortés Sánchez.
Normalmente, las personas que están involucradas en operaciones de soborno o corrupción, disfrazan sus operaciones con el fin de darles apariencia de legalidad, y así obtener los soportes contables depurados que, dentro de la cadena de transacciones, se pueden camuflar dentro de la cantidad de documentos que debe trabajar el contador, el auditor y el revisor fiscal.
Sobre el papel a realizar por el contador público frente a las posibles amenazas que anteriormente se nombran, Cortés Sánchez asegura que se requiere un profesional con preparación académica y un desarrollo de competencias más profundas en investigación que las que se ofrecen en los programas de educación convencionales en Colombia.
«También es necesario que las entidades donde trabajan cuenten con un software contable robusto que permita agilizar los procesos operativos, y que los contratos de revisoría fiscal involucraran un mínimo de horas de profesionales especializados para cumplir con sus funciones, siendo estas garantizadas por ley.»
Sin embargo, los anteriores requerimientos no están siendo atendidos ni por el Estado, que es el encargado de velar por la calidad de la educación, ni por las empresas, las cuales no invierten lo suficiente en sus procesos de apoyo. «Además, se está fallando en controlar la guerra de tarifas y las entidades de regulación se han quedado atrás en la definición de las condiciones mínimas y de calidad de lo relativo a la revisoría fiscal», argumenta Cortés Sánchez.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
