Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La mayoría de grandes firmas mundiales recurren a los paraísos fiscales para evadir impuestos o pagarlos a escala mínima. Por tal razón, el pasado 7 de octubre, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 1966 que contenía el listado de los 41 países, territorios y Estados que considera como paraísos fiscales. Dos semanas después, el listado fue modificado, excluyendo de él 4 Estados, incluido Panamá.
El 75 % de los casos de corrupción a nivel internacional se produce por medio de empresas registradas en paraísos fiscales. Así lo confirmó el presidente de la organización Transparencia Internacional (TI), José Ugaz, a raíz de un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Ugaz afirma que se vienen trabajando en medidas como fomentar una regulación global que elabore un registro global de las empresas «offshore» para identificar al propietario y lo que hay detrás de ellas. Otros objetivos de la organización serán lograr el compromiso internacional para negar visados a los corruptos con fondos de origen ilegal en otros países y fomentar un mejor registro de los bienes suntuarios que adquieren los corruptos con dinero de origen ilegal.
Según Tax Justice Network, todas las grandes firmas mundiales incluidas en el índice FTSE 100, recurren a los paraísos fiscales para evadir impuestos o pagarlos a escala mínima. La lista es amplia y abarca sectores del tabaco, alcohol, farmacéutico, bancario y alimentos. Para hacerle frente a esta situación, se debe cerrar la brecha de la desigualdad para combatir frontalmente a los paraísos fiscales; invertir en servicios públicos como salud y educación, y aligerar la carga impositiva del trabajo y el consumo, para aumentarla en el capital y la riqueza. Así lo propuso recientemente el grupo antipobreza Oxfam en el Foro realizado en Davos, Suiza.
En Colombia, la elusión de impuestos por medio de modalidades como la triangulación de transferencias de empresas o personas naturales, para no pagar la retención en la fuente por los envíos de dineros a los paraísos fiscales, evita que el país recaude alrededor de 4 billones de pesos en impuestos, según cálculos de las autoridades tributarias.
La triangulación de dinero consiste en enviar millonarias cantidades de dinero hacia un tercer país, denominado offshore, en el que no se aplican los controles de retención o que tiene un régimen especial de tributación. Por efectuar dicha triangulación, la empresa o persona debe pagar un costo adicional, derivado de la doble transferencia que se debe hacer, pero dicho costo es mucho menor frente a las tasas de retención que cobran los países. En el caso de Colombia, dicho costo adicional es del 33% para los paraísos fiscales.
Si la cantidad de dinero no es tan abultada se usan empresas del mundo financiero, denominadas broker, que realizan una labor de intermediación en el mercado internacional de valores o de divisas. Así las cosas, por intermedio de los broker se pueden realizar transferencias de hasta 100.000 dólares mensuales.
Como dijo en su momento el ex director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, estudios sobre el tema hablan que los colombianos en el exterior, sobre todo los más pudientes, pueden tener US$70.000 millones. De igual manera, el ex codirector del Banco de la República y ex senador, Juan Mario Laserna, dijo que la cifra podría alcanzar los US$5.000 millones e implica de forma importante al sector real y a lo que tiene que ver con inversiones costa afuera off shore.
Cabe recordar que el 21 de octubre de 2014, luego del revuelo diplomático originado con la expedición del Decreto 1966 de octubre 7 de 2014, que incluyó a Panamá en el listado de 41 países o territorios que Colombia considerará como paraísos fiscales para el año gravable 2015, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 2095 para modificar al artículo 1 del Decreto 1966 excluyendo a Panamá, Barbados, Emiratos Árabes Unidos y al Principado de Mónaco de dicho listado.
Para el caso de Panamá, en los considerandos del Decreto 2095 se mencionó que la motivación para tomar dicha decisión radicó en que “la República de Colombia y la República de Panamá acordaron el 21 de octubre de 2014, a través de comunicaciones oficiales, firmar un Memorando de Entendimiento por parte de los ministros de relaciones exteriores de ambos Estados, que tendrá como objetivo analizar, negociar y concretar a más tardar el 30 de septiembre de 2015, un Acuerdo para Evitar la Doble Tributación, el cual incluirá normas que regulen el intercambio de información”.
Y frente a esta polémica, el Gobierno panameño, a principio de este año, anunció que el TLC que por 5 años negoció con Colombia quedó suspendido. El acuerdo por el cual los productos y servicios vecinos entrarían sin restricciones al mercado panameño fue revisado por el nuevo ministro de Comercio e Industrias, quien lo considera desventajoso.
Las razones radican en que el fuerte de la economía de este país es el sector servicio, se encuentra gravemente afectado por los altos aranceles que Colombia le impone a los textiles y calzados que se re-exportan desde Panamá. Actualmente, sin la implementación del TLC, Colombia vende a Panamá unos 3 mil 200 millones de dólares anuales, mientras que Panamá solo exporta al país vecino unos 55 millones, brecha que se haría más profunda si se llegara a aprobar el tratado.
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