Pensiones, dividendos y patrimonio: nuevas propuestas de Anif para discutir en la reforma tributaria


8 junio, 2021

Gravar las pensiones altas permite redireccionar los subsidios para financiar programas sociales.

La estructura del impuesto a los dividendos hace ineficiente su pago.

Propuesta sobre el nuevo impuesto al patrimonio sería temporal, con una vigencia inicial de cuatro años.

El 31 de mayo de 2021 el Centro de Estudios Económicos Anif presentó la separata La reforma fiscal: camino a la sostenibilidad y a la salida de la crisis social, en la que presenta nuevas propuestas enfocadas a una reforma tributaria más modesta.

La idea de la entidad es lograr un recaudo adicional suficiente para manejar el estado de las finanzas públicas en el corto plazo. «Con este nuevo esquema de reforma planteamos un recaudo estimado de cerca de $13,8 billones de pesos, es decir cerca de 1,4 % del PIB», indica la Anif.

Gravar las pensiones altas

Los subsidios a las pensiones se concentran en los deciles más altos de la distribución del ingreso, lo que es altamente regresivo y uno de los mayores causantes de inequidad en Colombia.

Por lo anterior, «gravar las pensiones altas constituye un primer paso hacia una reforma pensional que permita tener un sistema coherente de protección a la vejez. A la vez, permite hacer una redirección del subsidio pensional para financiar programas sociales».

“implementar una tarifa plana de 10 % a las pensiones con una mesada mayor a 6 millones de pesos”

La propuesta de la Anif en este punto es implementar una tarifa plana de 10 % a las pensiones con una mesada mayor a 6 millones de pesos, es decir, al 10 % de los pensionados de más altos ingresos.

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De esta forma se generaría un nuevo recaudo de 428.000 millones de pesos (0,04 % del PIB) provenientes del pago del impuesto de alrededor de 43.000 personas.

Simplificar la estructura del pago de dividendos

La estructura del impuesto a los dividendos hace ineficiente su pago. Al respecto, la Anif propone simplificar la estructura del pago de impuesto para personas naturales o jurídicas con residencia fiscal en Colombia.

Partiendo de eso, la propuesta toca tres puntos:

  1. La tarifa marginal vigente se incrementaría en 2,5 puntos porcentuales para los dividendos en el caso de que el accionista sea una persona natural.
  2. En el caso de que los ingresos por dividendos de una persona natural superen el 75 % del total de los ingresos, la propuesta es aplicar la estructura de tasas marginales de impuesto de renta de personas naturales.
  3. Mantener el impuesto que se paga por concepto de dividendos cuando el accionista sea una persona jurídica (tarifa de 7,5 %), a título de retención en la fuente sobre la renta. Este aplicaría únicamente para la sociedad que reciba los dividendos por primera vez.

La nueva estructura del impuesto tendría el potencial de generar cerca de 500.000 millones de pesos (0,05 % del PIB) de recaudo adicional año a año. 

Impuesto al patrimonio temporal por cuatro años

La estructura del impuesto al patrimonio es poco efectiva, se cobra una tarifa plana de 1 % para los patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos de patrimonio líquido, lo que crea incentivos para evadir o eludir el pago. Explica la Anif:

Nuestra propuesta plantea una estructura de gradientes que imponga tarifas marginales para los distintos tramos, a partir de un umbral de patrimonios líquidos superiores a los 1.500 millones de pesos. En ese esquema los patrimonios entre 1.500 y 2.000 millones se grabarían con una tarifa marginal de 0.75 %. Seguido por unas tarifas de 1 % para patrimonios de 2.000 a 2.500 millones y de 1.25 % para el tramo de los 2.500 a los 4.000 millones. Finalmente, se propone una tarifa de 1.5 % para los patrimonios líquidos que excedan los 4.000 millones.

Bajo el sistema propuesto se ampliaría la base de contribuyentes de unos 7.000 a cerca de 30.000. Así, el recaudo adicional por este concepto sería de 343.000 millones de pesos (0,03 % del PIB).

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La Anif aclara que su propuesta sobre el nuevo impuesto marginal al patrimonio sería temporal, con una vigencia inicial de cuatro años, tiempo en el que se deberá sufragar gran parte de la deuda adquirida por los costos asociados a la pandemia por el COVID-19.

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  • 8 junio, 2021
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