Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para José Castro, la evasión tributaria y elusión fiscal por modificación del calendario tributario no se puede evitar, pero David Riascos no comparte esta posición.
La evasión de las empresas impide a los Gobiernos invertir en servicios públicos, como educación, salud y sistemas de saneamiento.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, ha manifestado que existe una necesidad urgente por parte de los países de América Latina y el Caribe de expandir su espacio fiscal actual y acceder a financiamiento en condiciones apropiadas, dado que la recaudación de impuestos de la región es muy baja, con un 23,1 % del PIB en promedio, comparado con el 34,3 % del PIB para la OCDE.
Debido a que los impuestos directos son débiles y la evasión en la región es muy alta, la Cepal estima que la región perdió 325 mil millones de dólares, o 6,3 % del PIB, en 2017, debido al incumplimiento tributario. En Colombia se presenta una evasión de impuestos cercana al 4 o 5 % del PIB.
“Estamos en una encrucijada civilizatoria y solo podremos salir de ella buscando soluciones globales. Esta crisis está desafiando al modelo ortodoxo. Necesitamos un nuevo modelo de desarrollo centrado en la igualdad y la sostenibilidad, y un nuevo pacto social para avanzar hacia un mundo menos fragmentado y más igualitario, más democrático y participativo, para reconstruir mejor con sostenibilidad ambiental”, enfatiza Bárcena.
En nuestro país, José David Castro, gerente de Auditoría y Revisoría Fiscal en Tax Solutions Colombia, afirma en entrevista con Actualícese que la evasión tributaria y elusión fiscal por la modificación en los plazos del calendario tributario es un punto que no se puede evitar, pero es un riesgo que se debe correr.
Desde su punto de vista, en una economía que está golpeada por una recesión, la solución no es perseguir a los evasores; por el contrario, es concentrarse en modernizar la Dian para que el recaudo sea más eficiente.
«Lo anterior no es mediante un esfuerzo pos-hecho económico, sino más bien en un esfuerzo simultáneo con el hecho económico. Un gran ejemplo de esto está en lo que se busca con la implementación de la factura electrónica con validación previa», indica.
Castro opina que contribuir con las cargas del Estado es una obligación de todos, por lo que está de acuerdo con que los esfuerzos se centren en ampliar el margen de recaudo de los evasores totales o parciales.
«Con lo que no estoy de acuerdo es que por cosas del destino los sectores menos afectados reciban una persecución por parte de la administración tributaria, ya que todo es circular. Hoy puede que no se vieron afectados, pero el día de mañana, si la crisis continúa, las condiciones pueden cambiar en favor de otros sectores», puntualiza.
Para David Riascos, director de Derecho Tributario, Cambiario y Aduanero en MRG Legal, la modificación en los plazos del calendario tributario no genera un riesgo de evasión y elusión de los contribuyentes.
«De todas maneras, la entidad cuenta con herramientas e información que le permitirá realizar su gestión de fiscalización y verificación de cumplimiento de los contribuyentes», puntualiza en entrevista con Actualícese.
A pesar de las dificultades que la pandemia genera para la labor de fiscalización, indica Riascos, cualquier política o estrategia tributaria que establezca el Gobierno nacional tendrá incidencia en el recaudo, temporal o permanentemente.
La Cepal recalca que las corporaciones, domésticas y transnacionales, aprovechan los vacíos legales para esconder enormes ganancias tributables. Por lo anterior, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional –ICRICT– está a favor de un sistema tributario internacional reformado, que redistribuya las utilidades de las empresas a partir de la tasación unitaria de las multinacionales.
Así lo explica Ricardo Martner, economista y miembro de la ICRICT, en el artículo , publicado en Las 2 Orillas:
«Lo anterior, eliminaría en gran parte el beneficio de las guaridas fiscales que están dejando a los países sin recursos fiscales».
Para él, esta falta de recursos impide a los Gobiernos invertir en servicios públicos, como educación, atención a la salud, servicios de guardería, agua potable y sistemas de saneamiento.
«Esta situación también obliga a los países a recurrir a impuestos regresivos sobre el consumo, con lo que la carga fiscal se desplaza a los segmentos más pobres de la población», advierte Martner.
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