Plan de Acción Laboral Colombia-Estados Unidos: balance

Son diez los compromisos que contiene el Plan de Acción suscrito por los dos países para los derechos laborales. La idea es el fortalecimiento institucional, el reconocimiento pleno a los derechos laborales, el derecho de asociación y negociación colectiva, entre otros.

La imposición de multas por violación de normas laborales cercanas a los 4 millones de dólares, el fortalecimiento de la inspección laboral al duplicar el número de funcionarios dedicados a esta tarea, la liquidación de cerca de 2.000 cooperativas de trabajo asociado utilizadas en prácticas de tercerización irregular, la firma de acuerdos de formalización con 158 empresas que decidieron incluir en su nómina a los trabajadores, son algunos de los resultados del Plan de Acción de Derechos Laborales –PAL– que hace exactamente cinco años suscribieron los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

La creación del nuevo Ministerio del Trabajo en el 2011 fue uno de los compromisos que adquirió Colombia al suscribir el PAL con los Estados Unidos. De este acuerdo es también producto el Servicio Público de Empleo.

Logros alcanzados por el Plan de Acción de Derechos Laborales

Los diez compromisos que contiene el Plan de Acción suscrito el 7 de abril del 2011 entre Colombia y Estados Unidos para derechos laborales, tienen como objeto el fortalecimiento institucional, el reconocimiento pleno a los derechos laborales, el derecho de asociación y negociación colectiva, la formalización laboral y, finalmente, la eliminación de la impunidad frente a la violencia antisindical.

Ministerio del Trabajo: se crea en el 2011 y se fortalecen sus objetivos y estructura; además se integra el Sector Administrativo del Trabajo. A partir de ese momento, el país cuenta con una institucionalidad propia y especializada para abordar lo relativo a los derechos en el trabajo, el empleo, la protección y seguridad social, el diálogo social, el trabajo infantil, la migración laboral, la formación profesional, la equidad laboral de género y la salud en el trabajo, todos estos temas de trascendental importancia para la paz y justicia social.

Servicio Público de Empleo: se crea adicionalmente la Unidad del Servicio Público de Empleo –SPE–, que ha logrado incrementar su cobertura y garantizar una mayor presencia en los municipios del país. Gracias a la gestión de la unidad, en el último año se han abierto alrededor de 60 centros de empleo en todo el territorio nacional. Lo anterior ha permitido que el SPE llegue actualmente a 87 municipios mediante 318 centros de empleo de la red pública, los cuales tienen una capacidad máxima de atención de alrededor de 3.000.000 de personas al año.

Formación para el Trabajo –SENA–: a septiembre del 2015 la entidad brindó capacitación a 6.337.634 aprendices a través de 7.585.783 y contaba con 197 programas con registro calificado (150 programas de tecnólogo y 47 programas de especialización tecnológica), luego de ser sometidos a evaluación por parte de expertos.

Para el primer semestre del 2016 se abrieron inscripciones para 10 especializaciones tecnológicas y 7 carreras tecnológicas gratuitas, a las que podrán acceder los colombianos desde cualquier lugar del país, e incluso fuera de este. La convocatoria busca otorgar un título reconocido por los empresarios para contratar su personal y mejorar las condiciones laborales de quienes reciban los 13.200 cupos disponibles.

Atención al ciudadano: se pone en marcha el Centro de Orientación y Atención Laboral –COLabora–, como instancia para orientación, información y respuesta de inquietudes sobre obligaciones y derechos laborales. Para el 2015, el programa COLabora proyectó atender 1.500.000 ciudadanos; esta meta se superó en un 104%, atendiendo un total de 1.556.470 usuarios.

Diálogo social: se ha fortalecido la Comisión Nacional de Concertación y Políticas Salariales y Laborales, la cual se reúne periódicamente para tratar temas de relevancia en el mundo del trabajo; entre el 2011 y el 2015 se ha logrado en dos oportunidades la concertación del salario mínimo y se ha ampliado la agenda de temas tratados. La comisión cuenta con siete subcomisiones temáticas que se reúnen periódicamente. Se han desarrollado dos negociaciones colectivas del sector público, que benefician a más de 1.200.000 servidores públicos y se ha logrado la expedición de importantes normas concertadas con los sindicatos, como el Decreto 160 del 2014.

Inspección laboral: la planta de inspectores laborales en el Ministerio del Trabajo aumentó de 424 en el 2011 a 904 cargos, que se han vinculado gradualmente llegando a 837 al finalizar el 2015. Las actividades de capacitación son continuas; durante el 2015 de manera conjunta con la Organización Internacional del Trabajo –OIT– se adelantaron módulos sobre: procedimientos, criterios de la investigación administrativo laboral y presentación de querellas; módulos con capacitaciones a la medida para grupos especializados; aulas virtuales para reforzar temas específicos, programas para promover la formalización laboral con herramientas técnicas y jornadas de sensibilización e intervenciones estratégicas; en el 2015 se realizaron las jornadas de sensibilización bipartitas con empleadores y trabajadores.

Sanciones por violación de derechos laborales: el SENA ha venido realizando una gestión en el cobro de las multas, lo cual ha permitido un aumento sustancial en el cobro efectivo al llegar a casi 4 millones de dólares, con cobros en casos significativos y de alta cuantía. En relación al 2014 se aumentó el recaudo en un 64%. Reconociendo la importancia de la recolección de multas, se firmó un convenio entre el SENA y la Central de Inversiones SA CISA, para hacer más efectivo el cobro de las multas impuestas por el Ministerio del Trabajo.

Formalización laboral: el control realizado por el Ministerio del Trabajo a la aplicación de la norma que prohibió el uso de cooperativas de trabajo asociado –CTA– como una figura de intermediación laboral ha sido efectiva, ya que el número de estas pasó de 2.117 en el 2010 a 277 en el 2015. Entre 2010 y 2015 el número de contratos sindicales pasó de 50 a 2.032, encontrando que este incremento se presenta en muchos casos para tercerización laboral sin las debidas garantías. Con la nueva regulación se espera adelantar una labor de inspección focalizada para lograr que al final del 2016 se haya avanzado en acciones de formalización eficaz, con enganche directo de los trabajadores vinculados mediante esta modalidad.

Garantía al derecho de asociación: reformado el Código Penal y teniendo en cuenta que era importante que los fiscales tuvieran un mayor conocimiento sobre las normas laborales, que les facilitara avanzar en la investigación y juzgamiento de los procesos por este delito, la OIT ha realizado un trabajo conjunto con la Fiscalía para la capacitación de 143 fiscales, que permitieron la identificación de 270 casos sobre violación a los derechos de reunión y asociación.

Programa de Protección y Reforma a la Justicia Penal: el Gobierno tiene el firme convencimiento de que en la medida en que se investigue y se sancione a los responsables de los crímenes cometidos contra sindicalistas, no solamente se garantizan los derechos a la verdad y a la justicia, sino que se contribuye a la prevención de nuevas violaciones. Al respecto, hay significativos avances y existen 694 sentencias condenatorias por los delitos cometidos contra sindicalistas con 569 personas condenadas. Cabe destacar que mientras en el 2014 hubo 672 sentencias condenatorias, en el 2015 se presentaron un total de 694.