Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En manos del polémico magistrado quedó la revisión de la norma con las que se busca generar más recursos para suplir el hueco fiscal estimado en 10 billones de pesos.
Casi dos meses después que salieran a luz pública los señalamientos del abogado Víctor Pacheco, quien acusó al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub, de solicitarle $500 millones para que se seleccionara una acción de tutela que evitara a la firma Fidupetrol el pago de $22.500 millones, en un pleito con la Gobernación del Casanare, el alto Tribunal designó a Pretelt para que estudie si uno de los proyectos más importantes del gobierno, la Reforma Tributaria aprobada en diciembre pasado, se ajusta a la Constitución.
Se trata de la Ley 1739 de 2014 mediante la cual se modificó el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crearon mecanismos de lucha contra la evasión y se dictaron otras disposiciones. Son 77 artículos de una reforma que creó o cambió tributos como el impuesto a la riqueza, el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) y el Impuesto sobre la renta.
La norma también estableció mecanismos de lucha contra la evasión al Impuesto Complementario de Normalización Tributaria al Impuesto a la Riqueza y gravamen a los movimientos financieros, asuntos que generaron gran inconformidad en los sectores real y financiero y por parte de los usuarios.
Ante la avalancha de críticas, un grupo de congresistas del Centro Democrático cuestionó la legalidad de la norma y presentó hace dos semanas una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma. El grupo de parlamentarios demandantes son Ernesto Macías, Iván Duque, Fernando Araujo Rumie, Alfredo Ramos Maya y Pierre Eugenio García, quienes demandaron la reforma en su totalidad.
Según los accionantes, el Congreso de la República al expedir la reforma, incurrió en vicios en su trámite y desconoció el contenido de varias normas de la carta política. En su demanda dicen que el artículo 347 de la Constitución, plantea la posibilidad de presentar un proyecto de presupuesto general de la Nación desbalanceado, lo cual le imponía al gobierno el deber “de presentar, por separado, un proyecto de ley creando nuevas rentas o modificando las existentes, destinadas a financiar el monto de gastos contemplados en la ley de apropiaciones, es decir, a cubrir el déficit fiscal”.
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