Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En este editorial trataremos algunas generalidades sobre la selección y aplicación de las políticas contables en una entidad; quiénes tienen parte en la elaboración de las mismas; los principios que se ven vinculados con la elaboración y algunos casos que se suscitan en las empresas.
Para conocer el alcance, concepto y demás lineamientos para la elaboración de políticas contables, como primera medida, se requiere abordar lo expuesto en la NIC 8 o en la sección 10 del Estándar para Pymes y remitirse al concepto de política contable. En ese sentido, de acuerdo al párrafo 10.2 de la sección 10 del Estándar para Pymes “son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros.”
Ahora bien, lo expuesto obedece a que la política contable tiene una fuerte relación con los procedimientos de la empresa, en síntesis, con su objeto social. Por tanto, la diferencia más evidente entre una política contable y una norma contable es que esta última es una disposición de un organismo de Gobierno de carácter obligatorio para todas las empresas que ingresen en un determinado grupo, ya sea por su nivel de ingresos, patrimonio o capacidad; en cambio, la política contable se crea desde la empresa a partir de una colaboración en conjunto de los miembros de la administración de la entidad y en ocasiones personal especializado que dé apoyo a estos, los cuales generarán acuerdos y principios para el tratamiento de los hechos económicos, su reconocimiento y revelación en la información financiera (teniendo en cuenta no ir en contravía de los lineamientos expuestos en la Ley 1314 de 2009, el DUR 2420 de 2015 y sus posteriores modificaciones).
Posterior a la generación de las políticas contables por parte de la administración, la junta de socios o la asamblea de accionistas, dependiendo del caso, aprobará o desaprobará las políticas.
Por lo tanto, al diseñar las políticas contables se debe buscar que la información contenida en los estados financieros represente fielmente la situación económica de la compañía, que esta se encuentre libre de sesgo y que revele la esencia económica de los hechos por encima de su forma legal, es decir, que las políticas sean diseñadas de manera que la información financiera cumpla con todos los principios contables contenidos en los párrafos 2.4 al 2.14 de la sección 2 del Estándar para Pymes.
Un caso que encontramos con frecuencia, es que en algunas empresas se relaciona el cambio de normas fiscales, con la realización de cambios en las políticas contables, cuando no es así. En realidad, las políticas contables no deberían estar ligadas a los cambios que se realizan en la norma fiscal ya que la norma contable debe reflejar la realidad económica, independiente de las disposiciones fiscales que tenga que asumir la empresa y la empresa debe alinear sus políticas con lo establecido en la Norma Internacional.
En relación con lo anterior, lo que puede estar sucediendo es que algunas entidades no han realizado un verdadero proceso de convergencia y continúan con los lineamientos de la norma fiscal, entonces al cambiar esta, infieren que deben a su vez cambiar sus políticas; o que se hayan establecido las políticas contables con el fin de disminuir impuestos y al cambiar la norma fiscal, las políticas ya no se ajusten a esos fines.
Respecto a los cambios en las políticas contables, aunque se estima que las políticas no varíen todo el tiempo, estas no son algo estático que no pueda modificarse. En muchas ocasiones las empresas requieren modificar las políticas, por tanto, el Estándar para Pymes en el párrafo 10.8 contempla la posibilidad de que se realicen cambios cuando la norma internacional lo requiera (situación evidente en el proceso de convergencia), o cuando se requiera que la información financiera sea más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones.
Otro caso que llama la atención de los asesores contables y la administración de la empresa son las estimaciones que deben realizarse alrededor de la vida útil y el valor residual de los activos, ya que estas no se catalogan como políticas contables, sino que más bien están inmersas en la aplicación de las mismas, por lo tanto, cualquier cambio realizado a las estimaciones no es un cambio en la política contable.
Por ejemplo, la empresa El Caso SA indica en su política que para medir los activos clasificados en propiedad, planta y equipo debe usar el método de costo histórico, en lugar de realizar la medición a través de valor razonable.
En relación con la anterior, la vida útil y el valor residual (estimaciones que deberán tenerse en cuenta para el cálculo de la depreciación de la propiedad, planta y equipo), serán definidas por El Caso SA teniendo en cuenta la expectativa de uso de la propiedad, la proyección de venta al final de la depreciación de la misma, la obsolescencia tecnológica del bien, entre otras características, y esto no afectaría el método de medición de la propiedad planta y equipo que establecieron en su política contable.
En síntesis, de acuerdo a lo expuesto se puede deducir que no existe un modelo general para elaborar las políticas en las empresas, ya que este es un tema en el que se debe relacionar directamente la actividad empresarial y las necesidades de cada empresa en particular.
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