Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Mientras el presupuesto general de la nación para 2020 sigue su curso en el Congreso, varias entidades han destacado que el Minhacienda ha incumplido con los mandatos de la Ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública nacional: venta de empresas rentables estaría sobre la mesa.
Según información del Ministerio de Hacienda, información analizada por el Observatorio fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, la entidad gubernamental propone aumentarse su propio presupuesto de funcionamiento en 4,1 billones de pesos, por encima del ajuste a la inflación. Esto equivale a un aumento real (es decir, ajustado por la inflación) del 58 % frente a su presupuesto de 2019.
Ninguna entidad tiene un aumento mayor en sus gastos de funcionamiento. Además, el aumento real en los gastos de funcionamiento del Ministerio de Hacienda es más alto aun que el aumento real del gasto total:
Simultáneamente, el gobierno busca vender activos de la nación por un valor de más de 8 billones de pesos. Pese a las solicitudes de miembros del Congreso y de la sociedad civil de que se aclare qué activos se piensa vender y cómo se están valorando, el Ministerio no ha dado respuestas concretas.
“Es preocupante que el Gobierno diga promover la austeridad fiscal sin divulgar de manera clara la importancia del aumento en los gastos de funcionamiento en el Ministerio de Hacienda”, señala el Observatorio fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.
Desde el punto de vista del Observatorio, el Ministerio incumple de manera sistemática con el principio de proactividad en la divulgación de la información pública, principio consagrado en la Ley 712 de 2014, Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.
El 23 de septiembre de 2019 la ponencia para el primer debate del Presupuesto General de la Nación de 2020 fue radicada en el Congreso. Esta mantiene el mismo monto total de 271 billones de pesos, sin embargo, el servicio de la deuda se reduce en 4,7 billones, al pasar de 59,2 billones en la propuesta inicial a 54,5 billones en la actual.
Por otra parte, se prevé un aumento de la inversión en $7,2 billones, hasta los $47,5 billones.
En la nueva distribución de los recursos por sectores, se destaca que inclusión social, educación y minas y energía aumentarán sus rubros en $1,3 billones, $1,1 billones y $955.000 millones respectivamente.
Las 2 Orillas, en una columna de opinión titulada Ojo con el Presupuesto General de la Nación de 2020, afirma que la clave del presupuesto del año que viene es que una parte será financiada con la venta de secciones del patrimonio del país, “lo que el gobierno llama “otros recursos” que sospechamos y alertamos, no es otra cosa que la venta de las principales empresas del Estado: Ecopetrol, Cenit que es su filial más importante, ISA, y las electrificadoras regionales que le quedan al país. Esto es muy grave y debemos estar alerta. El ministro de Hacienda ha sido claro en señalar que le faltan más de 8 billones de pesos”.
El medio de comunicación, al igual que el Observatorio, también advierte lo grave que es que la discusión del presupuesto no cumpla con los mandatos de la Ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública nacional, ya que la información presentada por el Ministro de Hacienda no garantiza la obligación de presentar en detalle los rubros de gasto y los rubros de financiamiento del presupuesto, ni las fuentes de donde provendrán esos recursos.
“Con cifras opacas el Ministerio de Hacienda está escondiendo a los colombianos sus intenciones de vender Ecopetrol e ISA, sin que la opinión pública conozca ni cómo ni en cuánto están siendo valoradas y si esa es la mejor decisión a largo plazo para el país”, indica Las 2 Orillas.
La clase política del país también se ha manifestado al respecto. El senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde, propuso que el presupuesto disminuya en $8,5 billones, para evitar la venta de los activos del país. Por otra parte, la senadora Aída Avella rechazó las eventuales privatizaciones de las empresas públicas.
El senador Juan Luis Castro, de la Alianza Verde, advirtió que la venta de Isagen no debe darse, “ya que el Gobierno tiene acciones del 51 % y es rentable para el país. Estos activos de la Nación, no deben convertirse en cajeros automáticos”.
El representante Wadith Manzur, del Partido Conservador, también pidió que las explicaciones del Ejecutivo se amplíen. “Tenemos que tener certeza y claridad de los activos que se van a vender, eso no lo podemos hacer después de que el monto esté aprobado”, dijo.
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