Prácticas laborales serán reglamentadas con nuevo proyecto de decreto del Ministerio del Trabajo

El Ministerio del Trabajo presentó un proyecto de decreto para reglamentar las prácticas laborales, con el fin de dotar de mayor seguridad jurídica a estudiantes, empleadores e instituciones formativas, y fortalecer la transición entre formación académica y mundo productivo.

La propuesta del Ministerio del Trabajo para reglamentar las prácticas laborales constituye un paso decisivo hacia la modernización del sistema formativo laboral colombiano.

Al establecer un marco normativo integral, busca garantizar condiciones justas, seguras y transparentes para los estudiantes, al tiempo que ofrece a las entidades receptoras claridad jurídica sobre sus obligaciones.

Este proyecto de decreto responde a la necesidad de proteger los derechos de quienes ingresan al mundo laboral a través de la educación práctica, sin desvirtuar su carácter pedagógico.

No obstante, su éxito dependerá de la capacidad institucional del Estado para vigilar su cumplimiento, del compromiso de las empresas para ofrecer entornos formativos dignos y del papel activo de las instituciones educativas en la supervisión de los procesos.

El ordenamiento jurídico colombiano reconoce actualmente figuras como el contrato de aprendizaje consagrado en el artículo 81 del CST y modificado por el artículo 21 de la Ley de reforma laboral 2466 de 2025. También las prácticas laborales formativas reglamentadas por la Ley 1780 de 2016.

Sin embargo, aún se presentan vacíos de interpretación y dificultades de aplicación de estas normativas. En la práctica, todavía existe incertidumbre sobre las obligaciones que se deben asumir frente a los practicantes, especialmente en materia de seguridad social, compensaciones económicas y responsabilidades en posibles accidentes o conflictos laborales.

Ante esta situación, el Ministerio del Trabajo, mediante un proyecto de decreto, busca que se unifique y actualice la regulación de las prácticas laborales, brindando coherencia normativa y seguridad jurídica a las partes involucradas.

Profundiza esta información consultando nuestro editorial Ley 2466 de reforma laboral: Circular 0083 aclara cómo aplicar los cambios en el contrato de aprendizaje.

¿Qué son las prácticas laborales?

Las prácticas laborales son actividades formativas desarrolladas por estudiantes con el fin de aplicar los conocimientos aprendidos, fortalecer competencias y adquirir experiencia en un entorno real de trabajo.

Su finalidad es esencialmente pedagógica, no constitutiva de un vínculo laboral ordinario, aunque sí genera ciertas obligaciones jurídicas y garantías mínimas.

La relación es de naturaleza tripartita, pues involucra al estudiante, a la institución educativa y a la entidad receptora. Esta última debe garantizar condiciones adecuadas, definir tutores, otorgar acompañamiento permanente y cumplir con las disposiciones de protección, salud y seguridad en el entorno laboral.

El proyecto de decreto reconoce que las prácticas pueden ser remuneradas o no remuneradas, dependiendo de las características del programa académico y del tipo de entidad. No obstante, incluso en los casos no remunerados, el estudiante debe gozar de medidas de protección y supervisión adecuadas.

Obligaciones de las entidades receptoras de las prácticas laborales

El proyecto de decreto propone un marco de responsabilidades que las entidades receptoras deberán observar, entre ellas:

• Registrar y publicar las plazas de práctica en el Servicio Público de Empleo.
• Garantizar un ambiente seguro, libre de acoso y con protocolos de prevención.
• Designar tutores idóneos que acompañen el proceso de aprendizaje del estudiante.
• Asegurar la afiliación a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales según la modalidad aplicable.
• Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento al desempeño del practicante.
• Respetar los límites de duración y condiciones de terminación de la práctica.

Estas medidas buscan fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la responsabilidad en las relaciones formativas, evitando el uso indebido de las prácticas como sustituto del empleo formal.

En definitiva, reglamentar las prácticas laborales no solo fortalece el vínculo entre educación y trabajo, sino que promueve una transición más justa, ética y sostenible hacia el empleo formal, en concordancia con los principios de equidad y dignidad laboral que orientan el ordenamiento jurídico colombiano.

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