Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Se crearían cuatro impuestos verdes con los que se busca recaudar un poco más de 3 billones de pesos al año.
Para la Red de Trabajo Fiscal se debe ampliar el hecho generador del impuesto a las emisiones de CO2 e incrementar su tarifa.
Estos impuestos podrían generar ingresos del 1 % del PIB.
El proyecto de ley de la reforma tributaria incluye un paquete de cambios que incentivarían el uso de energías limpias, reducir la contaminación y el consumo de productos no saludables, con los cuales se busca recaudar por lo menos 3,48 billones de pesos anuales.
Una primera iniciativa planteada por el Gobierno nacional es modificar el impuesto al carbono para incluir a todos los combustibles fósiles, medida con la cual se reduciría en un 6 % las emisiones del país mirando hacia el año 2030.
Únicamente con este tributo se buscaría obtener un recaudo de 1,2 billones de pesos al año sin la transición, que podría tener unos 660.000 millones de pesos adicionales.
La segunda propuesta es la introducción de un impuesto local a los vehículos para contrarrestar los efectos de la contaminación en las ciudades. Este impuesto se aplicaría según las características del vehículo y se incluirían motos, transporte de carga y el transporte público.
De la mano de este tributo se buscar recaudar 1,7 billones de pesos al año, más los recursos por contaminación, que serían de 440.000 millones de pesos.
Un tercer impuesto estaría enfocado a los plásticos de un solo uso, con el que se espera recibir 14.000 millones de pesos al año. Esta medida contemplaría una compensación para las empresas que reciclen el material.
Como cuarto impuesto está la posibilidad de crear un tributo al consumo de plaguicidas no orgánicos y así reducir la contaminación del suelo. La tarifa sería del 8 % por el uso de estos elementos y se buscaría un recaudo de 60.000 millones de pesos.
La Red de Trabajo Fiscal, entidad conformada por ocho organizaciones de la sociedad civil y universidades, y que han criticado medidas como la del IVA para toda la canasta familiar, también es amiga de poner lupa en los impuestos verdes como estrategia de recaudo.
Explican que en Colombia la Ley 1819 de 2016 creó el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. La tarifa de este impuesto se estableció en $15.764 por tonelada de CO2 emitida, y es aplicable a todo el contenido de carbono en combustibles, al gas natural para el uso en la refinación de hidrocarburos y petroquímica, y al gas licuado del petróleo para las industrias.
Sin embargo, debido a que las emisiones no se han reducido eficientemente, «consideramos que esta reforma es una oportunidad para reformular y mejorar los impactos de este impuesto», opina la Red.
¿Cómo? Aumentando la tarifa de la tonelada de CO2 hasta que iguale su costo social, incluyendo a la industria del carbón entre los que tributan y haciendo que el precio del carbono no tenga un límite superior a la UVT.
Por último, aunque en teoría los impuestos ambientales pueden acarrear una carga más pesada en hogares de bajos ingresos o en las micro y pequeñas empresas, existen fórmulas prácticas para lidiar con el dilema.
La Red recomienda que en los casos donde exista la preocupación de un impacto distributivamente regresivo del impuesto ambiental se utilicen todas las herramientas para mitigar estos efectos distributivos.
La Red propone entonces:
En enero de este año, la OCDE se manifestó sobre estos impuestos. Para la entidad, los impuestos sobre la energía y el carbono, si están bien diseñados, pueden impulsar los esfuerzos para mejorar la movilización de los ingresos fiscales internos.
Aunque el potencial de recaudación varía entre los diferentes países, en promedio, los países podrían generar ingresos equivalentes a alrededor del 1 % del PIB si gravan las emisiones de carbono de los combustibles fósiles a razón de US$36 por tonelada de CO2.
Un estudio hecho por la entidad en 15 países confirma que el 83 % de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía no pagan ningún impuesto. De igual forma, en los 44 países de la OCDE y en los del G20, alrededor de 70 % de las emisiones de energía no pagan ningún tipo de tributo fiscal.
Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de que todos los países se esfuercen por poner en consonancia la política tributaria para los temas relacionado con los efectos perjudiciales del uso de la energía.
Por esta razón, la OCDE ha manifestado que toda reforma de impuestos y las subvenciones a la energía constituye un factor clave para descarbonizar la economía, movilizar ingresos fiscales internos y disponer de energía asequible.
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