Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Entre las propuestas de los candidatos, Gustavo Petro aunmentaría el IVA de alimentos ultraprocesados.
Sergio Fajardo reduciría la tarifa de renta de las empresas eliminando los beneficios tributarios.
Federico Gutiérrez eliminaría exenciones del impuesto de renta; algunas aplican a las rentas laborales.
El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, con el reciente informe Propuestas tributarias de los candidatos presidenciales un año después del paro nacional, busca que los votantes conozcan las propuestas de los candidatos a la presidencia de Colombia sobre el sistema tributario del país.
La idea es que quienes salgan a votar comparen las políticas, al igual que con la reforma tributaria retirada, y así ejerzan su derecho al voto con toda la información necesaria, independientemente de cuáles sean sus posturas.
Cabe recordar que los candidatos presidenciales ya brindaron algunas propuestas para los problemas tributarios que enfrenta el país. En Actualícese hemos descrito algunas de las propuestas de tres de los candidatos.
El Observatorio plantea que, para el IVA, ni Gustavo Petro ni Federico Gutiérrez ni Sergio Fajardo proponen modificaciones importantes.
Petro propone aumentar el IVA de los alimentos “ultraprocesados”, una medida a favor de los defensores de los llamados “impuestos saludables”, que buscan desincentivar el consumo de alimentos que deterioran la salud. De igual manera, Sergio Fajardo la implementaría a través del impuesto al consumo, no del IVA. Ambas propuestas se asemejan a una planteada en la reforma tributaria de Carrasquilla.
La propuesta de Rodolfo Hernández implicaría cambios radicales al IVA. Este candidato eliminaría el IVA descontable, y lo reemplazaría por un “IVA no descontable” del 10 %.
Cabe recordar que por definición el IVA es un impuesto descontable, y quitarle esta característica significaría básicamente un cambio de tributo. Esta propuesta aumentaría sustancialmente el costo de la producción de ciertos bienes y servicios, en especial de aquellos que tienen procesos de producción más complejos.
Actualmente se permite a los comerciantes solicitar la devolución del IVA pagado por los insumos necesarios para producir bienes; la Ley de Solidaridad Sostenible proponía quitar esta devolución. Dicha medida, al aumentar los costos de producción, habría aumentado también los precios pagados por los consumidores, lo cual llevó a su rechazo masivo.
El impuesto a la renta de las empresas representa un recaudo de alrededor del 5,3 % del PIB en Colombia, porcentaje relativamente alto si se compara con el de otros países de la OCDE.
De igual manera, en Actualícese analizamos los impuestos para las empresas y nos preguntamos lo siguiente: ¿deberían ser más altos o sobre ellas recae el peso del recaudo tributario?
La OCDE anunció que Colombia hará parte de la lista de más de 130 países que cobrarán un impuesto del 15 % a las multinacionales.
Sobre este punto, el Observatorio dice que tanto Gustavo Petro y Sergio Fajardo proponen reducir la tarifa del impuesto de renta de las empresas, financiando la reducción con la eliminación de beneficios tributarios, en lo cual hacen eco a la propuesta de Alberto Carrasquilla.
Fajardo eliminaría los beneficios del sector hotelero, de la “economía naranja” y de las “mega inversiones”, siendo estos dos últimos beneficios creados por el Gobierno de Iván Duque; mientras que Petro propone la revisión de las justificaciones de los beneficios tributarios existentes, mencionando que, por ejemplo, los beneficios tributarios a las energías limpias son importantes.
Por su parte, ni Federico Gutiérrez ni Rodolfo Hernández mencionan reducciones en la tarifa del impuesto de renta de las empresas, y ambos hablan tanto de la eliminación de beneficios tributarios como de la importancia de mantener algunos de ellos.
Gutiérrez menciona que preservaría los beneficios relacionados con inversiones en ciencia, tecnología e innovación empresarial, los incentivos de las leyes 814, 1156 y los certificados de inversión audiovisual –CINAS–. Por su parte, Hernández eliminaría los impuestos a la adquisición de bienes de capital (aunque no es claro a cuáles se refiere); además, eximiría del impuesto de renta a las empresas nuevas durante sus primeros tres años.
El exdirector de la Dian, Gustavo Cote, afirmó en entrevista con Actualícese que la clase media colombiana hoy no es la misma de dos años atrás, por lo que no se puede pensar en un aumento de la carga impositiva para este grupo.
Para él, con la realidad del panorama colombiano, no se puede pensar en un aumento de la carga impositiva de quienes lograron mantenerse en la clase media.
Un punto de vista diferente tiene Andrés Cortés Hernández, socio de Tax & Legal de Mazars Colombia, quien en diálogo con Actualícese manifestó que el modelo de tributación que entrega la OCDE establece que esta debe venir en mayor medida de las personas naturales.
El Observatorio recordó que el impuesto de renta para personas naturales recauda el 1,2 % del PIB y grava varios tipos de ingresos: las rentas laborales, las pensiones, las rentas no laborales, las rentas de capital, los dividendos y ganancias ocasionales.
De igual manera, señala en el informe que ni Gustavo Petro ni Rodolfo Hernández mencionan modificaciones al impuesto de renta que puedan entenderse como cambios a los impuestos que pagan las rentas laborales.
Por otra parte, Federico Gutiérrez eliminaría exenciones del impuesto de renta, algunas de las cuales, según el Estatuto Tributario, aplican a las rentas laborales. Sin embargo, Gutiérrez aclara que, si bien habría un aumento gradual en el impuesto, se haría de tal manera que no afectaría a los más vulnerables ni a la clase media.
Gutiérrez en esta propuesta no define exactamente a qué se refiere con la clase media; es difícil saber quiénes exactamente serían los afectados por estos aumentos en el impuesto de renta.
Finalmente, Sergio Fajardo plantea aumentar el impuesto a la renta de las personas de mayores ingresos, lo cual puede incluir algunas personas cuyos ingresos provienen de rentas laborales.
Frente a este tema, es evidente que los cuatro candidatos se cuidan de proponer algo cercano a la propuesta de la Ley de Solidaridad Sostenible en términos de impuestos a las rentas laborales.
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