Proyecto de ley de desconexión laboral


El proyecto denominado “Ley de Desconexión Laboral”, que pasará a conciliación y luego a sanción presidencial, define la desconexión laboral como el derecho que tienen todos los trabajadores y servidores públicos a no ser contactados por cualquier medio para cuestiones relacionadas con su actividad laboral en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo o convenida, ni en sus vacaciones o descansos.

Bajo este proyecto, el empleador deberá garantizar que el trabajador o servidor público pueda disfrutar efectiva y plenamente del tiempo de descanso, licencias, permisos, vacaciones y de su vida personal y familiar, y tendrá la obligación de contar con una política de desconexión laboral de reglamentación interna y en consenso con los trabajadores o servidores públicos, la cual definirá por lo menos:

  • La forma como se garantizará y ejercerá tal derecho, y los lineamientos frente al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC–.
  • Un procedimiento que determine los mecanismos y medios para que los trabajadores o servidores públicos puedan presentar quejas frente a la vulneración del derecho, a nombre propio o de manera anónima.
  • Un procedimiento interno para el trámite de las quejas que garantice el debido proceso e incluya mecanismos de solución del conflicto y verificación del cumplimiento de los acuerdos alcanzados y de la cesación de la conducta.

Así mismo, regula lo referente a las excepciones, es decir, a los sujetos que no les aplicaría lo dispuesto en esta ley, los cuales son:

  • Los trabajadores y servidores públicos que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo.
  • Aquellos que por la naturaleza de la actividad o función que desempeñan deban tener una disponibilidad permanente, entre ellos, la fuerza pública y organismos de socorro.
  • Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito en las que se requiera cumplir deberes extra de colaboración con la empresa o institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles o de urgencia en la operación de la empresa o la institución, siempre que se justifique la inexistencia de otra alternativa viable.
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Finalmente, es importante reiterar que aún se encuentra en conciliación el texto, por lo que lo aquí indicado puede ser sometido a modificaciones y su obligatoriedad se verá sujeta a la correspondiente sanción presidencial.

Juan Esteban Sanín Gómez
Socio de Ignacio Sanín Bernal & Cía. Abogados y Contadores.

Abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Legislación Tributaria de la Universidad Pontificia Bolivariana –UPB– y en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado de Colombia. Magíster en Derecho con énfasis en Tributación de la Universidad Externado de Colombia, socio y director de las firmas de servicios profesionales Ignacio Sanín Bernal y Cía. Abogados S. A. S. e Ignacio Sanín Bernal Contadores S. A. S.


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