Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Mary Vera Colina, contadora y docente de la Unal, afirma que la implementación de los Estándares Internacionales en las pymes se ve como una obligación jurídica más, una oportunidad de reorganización del negocio que no siempre se logra de la forma adecuada por las falencias que presenta el personal.
¿Qué balance se puede hacer hasta el momento de la importancia que le han dado las pymes a los Estándares Internacionales? ¿Estas han sido conscientes de su relevancia? Un par de preguntas con las que abrimos un espacio de opinión que involucra a más del 80 % de las empresas nacionales que están bajo este modelo empresarial.
Mary Vera Colina, contadora pública y docente de la Unal, directora del grupo de estudios Interges, dice que una pregunta que se han realizado desde la academia es si era necesario y conveniente aprobar la aplicación obligatoria de los Estándares Internacionales para las pymes en Colombia, o ha debido recomendarse una adopción voluntaria, considerando el balance costo-beneficio de esta implementación. «Pero esta recomendación no se tuvo en cuenta por los organismos reguladores nacionales», recalca ella.
Vera Colina describe algunas experiencias de pymes para observar cuál ha sido el balance por parte de las pymes al momento de implementar los Estándares Internacionales. Por una parte, un grupo importante de gerentes-propietarios de pymes ha asumido la implementación normativa como una obligación jurídica más, para lo cual se han limitado a contratar un consultor externo para la implementación, sin que el personal contable de la empresa tenga los conocimientos necesarios para continuar aplicando las políticas contables establecidas por el experto.
«Es común observar que las políticas contables se limitan a copiar la normativa, así como la aplicación de parámetros tributarios para algunas estimaciones», afirma Vera Colina.
En un número limitado de organizaciones han contratado los servicios de un consultor, pero la implementación no se ha limitado a redactar políticas y preparar estados financieros del primer año de aplicación, ni a copiar parámetros tributarios, sino que se ha aprovechado el proceso para identificar y atender situaciones que presentan debilidades y riesgos para la empresa, así como para mejorar aspectos relacionados con la gestión, el sistema contable y el control interno, aún cuando esta no es la intención del Estándar.
«Son casos de estudio interesantes ya que convierten la obligación jurídica en una oportunidad de reorganización del negocio, pero también persiste la brecha entre lo implementado por el consultor y la continuidad del proceso con personal interno cuando el experto finaliza su contrato», recalca ella.
Algunas pymes han asumido la implementación de manera directa con su personal contable, lo cual permite darle continuidad a la aplicación y revisión de políticas y procedimientos en años posteriores, pero no siempre se logra una implementación adecuada si el personal no posee los conocimientos necesarios para liderar el proceso.
Vera Colina afirma que las anteriores situaciones las han evidenciado en diferentes espacios de divulgación y capacitación a contadores públicos que laboran en este tipo de empresas, donde los colegas describen las experiencias en sus empresas, así como en casos de estudio actualmente en proceso de análisis.
«Estos espacios también permiten confirmar que la capacitación sobre las características de la nueva regulación y su implementación en Pymes sigue siendo una necesidad importante en la comunidad profesional, ya que persiste el desconocimiento de aspectos básicos que faciliten su comprensión y se evite una aplicación textual de los requerimientos sin criterios necesarios de juicio profesional-disciplinar», indica Vera Colina.
Ella destaca que dentro de las situaciones que se presentan para pymes y microempresas, es interesante analizar el caso especial de las organizaciones bajo la figura de propiedad horizontal. Mayormente han sido clasificadas como microempresas, con algunas recomendaciones discutibles en sus políticas contables, como por ejemplo no reconocer como activos los equipos que utilizan porque no generan “beneficios económicos futuros”, recomendación que desde su punto de vista debe revisarse, al ser inversiones que realizan las copropiedades para ser utilizadas por varios períodos, y que no deberían impactar completamente el estado de resultados en un solo año.
«Es un ejemplo de cómo se intenta aplicar la normatividad de manera literal, sin la debida consideración de juicios profesionales a cada situación», puntualiza Vera Colina.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
