Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

¿Qué está pasando con la educación superior?


Pocos sectores han sufrido efectos tan disruptivos por cuenta de la crisis por el COVID-19 como el educativo. Debido al cierre de colegios y universidades, millones de niños, niñas y jóvenes alrededor del mundo han tenido que interrumpir sus procesos de aprendizaje y se han visto obligados a adoptar estrategias de educación a distancia.

En el caso de la educación superior, el deterioro de la situación económica de las familias y las dificultades del aprendizaje remoto, particularmente, para los estudiantes más vulnerables, amenaza con aumentar el riesgo de deserción y reducir la calidad del aprendizaje.

En el largo plazo, el menor nivel de escolaridad de la población producto de la deserción puede reducir la acumulación de capital humano, aumentar la pobreza e incrementar el malestar social, reduciendo así el bienestar y el crecimiento económico.

En Colombia, los datos más recientes de cobertura en educación superior muestran incluso una tendencia de desaceleración desde antes de la pandemia. En 2019, la tasa de cobertura fue de 52,2 %, 2,3 puntos porcentuales menos que en 2017.

Lo más preocupante es que esta tendencia al parecer se mantiene. Según una encuesta realizada por el Ministerio de Educación en septiembre pasado, el 13 % de las instituciones de educación superior esperan reducciones superiores al 30 % de su matrícula.

Varias razones podrían explicar esta caída. Por un lado, están los cambios en la estructura demográfica, así como las preferencias respecto al tipo y duración de los programas académicos a los que aspiran los estudiantes (priorizando programas más cortos y aplicados). Y, por el otro, están los costos crecientes de las matrículas con respecto al ingreso per cápita.

A esta situación se suma la aceleración del proceso de automatización y transformación digital, que afectará al mercado laboral en mayor o menor grado según el tipo de actividad y el stock de habilidades de las personas.

Así, quienes realizan actividades que requieren el uso de habilidades complejas pueden volverse más productivos, incorporando más fácilmente la tecnología en sus ocupaciones, mientras que las personas que realizan tareas repetitivas se están viendo remplazados por la tecnología.

Estas realidades requieren respuestas rápidas y decididas. Las instituciones deben adaptar la oferta de programas para responder mejor a las necesidades del sector productivo, al cambio tecnológico y a las preferencias de los estudiantes. Además, es necesario fortalecer los canales de articulación entre el sector productivo y el educativo y formativo para aumentar la pertinencia de los programas.

Por otra parte, es clave promover la adopción del Marco Nacional de Cualificaciones, para que sirva como referente en procesos de gestión del talento humano en las empresas y en el diseño de la oferta educativa y formativa; promover la modalidad de educación dual; desarrollar estrategias para disminuir el riesgo de deserción en la educación superior; y promover tanto el bilingüismo como el desarrollo de competencias digitales y habilidades blandas, tales como la creatividad y el trabajo en equipo.

Evitar pérdidas de capital humano y promover su acumulación debe ser una prioridad en la agenda de competitividad y de recuperación económica y social del país. Este objetivo no puede perderse de vista.

Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad

Rosario Córdoba Garcés

Economista y Magister en Economía de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como presidente del Consejo Privado de Competitividad

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