Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
694 empresarios de pequeñas, medianas y grandes empresas en Colombia opinaron sobre los esfuerzos que están realizando para prevenir el soborno, así como para tener una gestión más transparente. El 51 % de ellos afirma conocer el Estatuto Anticorrupción, y el 63 % cuenta con un código de ética.
Los crecientes escándalos de corrupción evidencian la vulnerabilidad de los estados para cuidar los bienes comunes, pero además son muestra de la responsabilidad que el sector privado tiene con relación a este fenómeno.
La lucha contra la corrupción no solo es responsabilidad de las instituciones del estado; las empresas privadas deben asumir sus responsabilidades frente a esta situación con interés, compromiso y una visión de largo plazo.
Los anteriores dos argumentos son presentados por el informe Estado de las prácticas empresariales contra el soborno: primer estudio latinoamericano, elaborado por la Universidad Externado de Colombia (junto a otras instituciones educativas latinoamericanas) y Pacto Global Red Colombia.
El informe encuestó a 694 empresarios de pequeñas, medianas y grandes empresas de Colombia sobre el conocimiento que tienen frente a la legislación asociada a la corrupción en general y al soborno en particular. La investigación pretende presentar los esfuerzos que en el país se vienen realizando por parte del sector productivo para combatir el soborno. De igual manera, se indagó sobre los esfuerzos que las empresas están realizando para contar con una gestión más transparente.
La mayoría de los participantes (44 %) manifestó desconocer iniciativas voluntarias para combatir la corrupción, como las directrices de la OCDE para empresas multinacionales o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Asimismo, dentro de las iniciativas más conocidas por las empresas colombianas se encuentran el Pacto Global de las Naciones Unidas (27 %) y las Reglas de Conducta de la Cámara de Comercio Internacional (23 %).
Por otra parte, en lo que respecta a las iniciativas voluntarias para combatir el soborno, el 58 % de la muestra afirmó desconocer los mecanismos, lo que indica un considerable nivel de ignorancia de las vías voluntarias para la prevención y el combate contra el soborno.
El 23 % de los participantes conocen los principios empresariales para contrarrestar el soborno de transparencia internacional, seguido del 22 % que señaló conocer la Norma Técnica ISO 37001.
Las empresas participantes manifestaron mayor conocimiento sobre los mecanismos legales para combatir la corrupción en comparación con las iniciativas voluntarias. Por ejemplo, el 51 % de la muestra dijo conocer el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011; y el 44 % aseguró conocer el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993.
En cuanto a la prevención del soborno en el cierre de negocios y/o contratos, la opción más recurrente corresponde a que las empresas poseen un código de ética o conducta (63 %). El segundo mecanismo de prevención más frecuente fue el contar con una declaración o política sobre la prohibición total de ofrecer cualquier tipo de dádiva para asegurar un contrato (45 %). En tercer lugar, el 38 % de las empresas manifestó dar a conocer periódicamente a sus empleados y partes contratadas la política que prohíbe expresamente el ofrecimiento de sobornos.
«Las prácticas de prevención de soborno en los trámites ante entidades públicas en Colombia más usuales (52 % c/u) corresponden a contar con un conducto regular para llevar a cabo cualquier trámite requerido ante entidades públicas, y tener una disposición de rechazo frente al pago de comisiones indebidas para agilizar trámites. Asimismo, el 43 % de la muestra manifestó que da a conocer a sus empleados y terceros su posición de rechazo al pago de comisiones indebidas para agilizar los trámites», indica el estudio.
Frente a los hallazgos para prevenir el soborno en contribuciones políticas, el 79 % de las empresas manifestó que no realizan este tipo de contribuciones. No obstante, cuando las firmas sí las realizan, el mecanismo preventivo más utilizado es la formalización de un proceso para definir quién decide los aportes, los montos y el destinatario de las contribuciones políticas (8%).
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
