Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Ley 1819 de 2016 dictó disposiciones para que la Dian estableciera un plan de modernización tecnológica para la entidad, y para crear una política que garantizara ciertas reglas en los procesos de selección y ascenso de los funcionarios. Los plazos ya pasaron y los colombianos no conocemos nada.
Fortalecer la infraestructura tecnológica de la Dian e implementar una política integral de recursos humanos en esta entidad es una de las recomendaciones realizadas por el Consejo Privado de Competitividad –CPC–, en el capítulo Eficiencia en el recaudo y en la administración tributaria, publicado en el Informe Nacional de Competitividad 2018-2019, que la entidad presentó el 1 de noviembre de 2018.
«Es fundamental que el país cuente con una administración tributaria eficiente para reducir la alta evasión y elusión. Para ello debe contar con una infraestructura tecnológica de última generación y con una política integral de recursos humanos que asegure el acceso y ascenso de los funcionarios a partir del mérito demostrado. Solo así se garantizará la mayor eficiencia en la administración del sistema tributario colombiano», registra el informe.
Frente a lo anterior, la Ley 1819 de 2016 dictó disposiciones para establecer un plan de modernización tecnológica para la entidad. Para esto, presentó ante el Conpes dicho plan, para su aprobación en un plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor, el cual se ejecutaría en los cinco años siguientes. Luego de la elaboración de este informe, el CPC conoció que existe un documento borrador, pero no ha sido divulgado ni se ha llevado al Conpes.
Al respecto, Camilo Rodríguez, director de impuestos de KPMG confirmó el 4 de septiembre de este año, en entrevista con Actualícese, la no presentación de este plan de modernización. Rodríguez dijo que llamaba la atención que con el artículo 321 de la Ley 1819 de 2016, el Congreso le otorgó a la Dian un plazo de seis meses, el cual venció el 29 de junio de 2017, para presentar a la aprobación del Conpes un plan de modernización tecnológica con unos parámetros mínimos, que sería ejecutado en los 5 años siguientes.
«Pues bien, un año después del vencimiento del plazo legal no se conoce dicho plan ni la celebración del Conpes, lo cual evidencia desinterés e indiferencia frente a las múltiples y urgentes necesidades de la Dian y, por ende, de sus usuarios», piensa el director de impuestos de KPMG.
Para él, en la actualidad es imposible pensar en un incremento calificado de la función de fiscalización, un efectivo control a la evasión y el control tributario sin el apoyo de herramientas y equipos tecnológicos robustos. «Además, si lo que se pretende es que la carga tributaria se equilibre con la de las empresas, tendremos muchos más contribuyentes para controlar y, por lo tanto, se requiere mayor control y capacidad operativa, que se debe realizar con el apoyo de los sistemas informáticos y con las nuevas tecnologías», dice Rodríguez.
La reforma tributaria de 2016, indica el informe, también estableció disposiciones para el fortalecimiento de la gestión de personal y del sistema de carrera que rige en la Dian, para así garantizar el mérito, la capacidad y la profesionalización en cada una de las fases de la relación jurídico-laboral y el comportamiento ético de sus funcionarios.
«Para esto dispuso la importancia de establecer normas, procedimientos e instrumentos de gestión en el sistema de carrera de esta entidad, con el propósito de garantizar el acceso y ascenso a través de concursos abiertos, la estabilidad de los funcionarios y la promoción y movilidad a partir del mérito demostrado. Dicha ley estableció un plazo máximo de 12 meses para convocar el proceso de selección», indica el informe del CPC.
Sin embargo, ha pasado más de un año y medio y la entidad todavía no tiene esta política que garantice reglas en los procesos de selección y ascenso de los funcionarios por meritocracia. Según esta entidad, el borrador de documento que está a la espera de ser llevado ante el Conpes también incluye la política integral de recursos humanos.
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