Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
No hay certeza de la magnitud de los recursos dispuestos ni de sus fuentes de financiación.
Tampoco hay certeza de cuáles han sido los gastos efectivamente realizados.
Hay gran diferencia entre los recursos que el Gobierno dice haber destinado y los que pueden verificarse.
Las políticas públicas empleadas para mitigar el impacto social y económico ocasionado por el COVID-19 en Colombia no tienen precedentes en nuestro país. El Gobierno nacional ha tenido que actuar rápidamente con medidas de alto impacto y ha tenido que invertir y disponer rápidamente de una gran magnitud de recursos.
En el informe La transparencia en el uso de los recursos para atender la emergencia, publicado el 21 de junio de 2020 por el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, se documenta la transparencia de los recursos empleados.
A partir de las fuentes consultadas, se concluye que no hay transparencia en el uso de los recursos públicos dispuestos durante la coyuntura.
«Por un lado, no hay certeza de la magnitud de los recursos dispuestos ni de sus fuentes de financiación y, por otro lado, no hay certeza de cuales han sido los gastos efectivamente realizados», indica el informe.
Si bien es cierto que las necesidades, especialmente en materia de salud, demandan un gasto inmediato, también lo es que la transparencia es fundamental para garantizar que todos los recursos se utilicen adecuadamente y, de esta forma, puedan tener un mayor impacto en la salud y economía nacional.
Desde el punto de vista del Observatorio hay una gran diferencia entre los recursos que el Gobierno dice en declaraciones públicas haber destinado a la crisis y los que pueden verificarse, ya sea en traslados a las entidades a cargo de responder a la emergencia o en contratos firmados con este fin.
La dificultad de hacer esta verificación va en contra del espíritu del principio de la proactividad en la divulgación de la información sobre el gasto público, consagrado en la Ley de transparencia, Ley 1712 de 2014.
El Gobierno nacional incurre en un comportamiento potencialmente ilegal, en la medida en que no emplea sus considerables recursos de talento humano y físicos para explicarle a la ciudadanía en qué se gastan y/o se planean gastar, peso a peso –y no billón a billón–, todos los recursos destinados a la atención de la pandemia.
Actualmente, el Gobierno afirma haber puesto a disposición de la atención de la pandemia más de 117 billones de pesos, es decir, más de 2 millones por colombiano o el 11 % del PIB (realmente el 6 % del PIB son garantías de créditos, no recursos gastados en atención a la emergencia).
La principal fuente de recursos que verdaderamente pueden constituir un gasto son los que están centralizados en el Fondo de Mitigación de Emergencias –Fome–, que asciende al 2,4 % del PIB.
Es distinto tener recursos a la mano para cuando se necesiten (que es en lo que consiste el Fome) que realmente gastarlos en la emergencia. A la fecha, los traslados del Fome y otras fuentes a distintas entidades del Gobierno para la atención a la pandemia son 3,6 billones o apenas 0,34 % del PIB.
No es lo mismo trasladar recursos entre entidades que realmente gastarlos. De esta forma, el informe indica que la totalidad de los contratos firmados por el Ministerio de Hacienda y otras entidades es de apenas 2,7 billones o 0,25 % del PIB.
Aunque el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, anunció 7,1 billones para la atención en salud, las resoluciones oficiales muestran transferencias de apenas 0,96 billones al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
