Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En recientes declaraciones el presidente Álvaro Uribe Vélez propuso que se excluyeran a quienes ya pagaron el Impuesto de Patrimonio. Además, se está estudiando que en el 2011 paguen el Impuesto de Guerra «aquellos patrimonios que consolidaron elevadas sumas al final de los años fiscales 2007, 2008 y 2009», y cuyo propósito es garantizar la financiación de la seguridad democrática.
Para el ex ministro y columnista Rudolf Hommes
«Uribe se refiere a los aspectos más criticados de los estímulos tributarios para los ricos que su administración ha implantado. Propuso que la deducción del Impuesto de Renta cuando las empresas adquieren activos fijos productivos, como maquinaria, se reduzca del 40 al 30%, y que este beneficio no pueda acumularse con la reducción de impuesto y los demás beneficios tributarios que reciben las que operan en las nuevas zonas francas».
Por su parte, el Contador Público y Columnista de Vanguardia Liberal, Gabriel Vásquez Tristancho afirma que
«Cambiar la estructura tributaria del país es un problema de largo plazo. En Colombia, el desarrollo tributario ha sido por los impuestos directos e indirectos, las tasas y las contribuciones, no son realmente de impacto en la carga tributaria de manera general, debido principalmente a que en la mayor parte de los casos son tributos de las entidades territoriales»
Frente a esto, la Dian asegura que alrededor de 9 mil personas pagarían el Impuesto al Patrimonio y esto podría verse reflejado en el proyecto de la Reforma Tributaria que radicará el Gobierno Nacional el próximo 20 de Julio. En la actualidad 7.400 personas con patrimonio superior a 3.000 millones de pesos pagan este tributo. Con la nueva formula, que se está planteando, las personas con patrimonio superior a 2.000 millones de pesos asumirán esta contribución una vez se apruebe el Proyecto.
Para el columnista de El Espectador Armando Montenegro cerca de 37 grandes empresas ya han firmado contratos de estabilidad tributaria con el Gobierno, por medio de los cuales quedan eximidas de contribuir para la seguridad y defensa a partir del año 2010. Además, muchas empresas están corriendo para firmar dichos contratos.
«El atractivo de estos contratos se elevó después de que el propio Gobierno dijo que iba a ser necesario acometer una nueva reforma tributaria para conseguir recursos para la seguridad. Así las cosas, es seguro que otro grupo de grandes empresas del país ya estará vacunado contra los nuevos tributos al final de este año», afirma Montenegro en su columna.
De otro lado, el Contador Público y especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa, Samuel Alberto Mantilla asegura que fueron 42 empresas, todas grandes, las que firmaron ‘Contratos de Estabilidad Jurídica’, donde el Gobierno se compromete a no cambiar las reglas de juego vigentes en el momento de firmarlo.
«En teoría no se beneficiarían si el Gobierno llegara a bajar los impuestos; caso casi imposible», afirma Mantilla.
Pero la moneda tiende dos caras y el analista económico Martín Garrido tiene su punto de vista al respecto
«Lo que anteriormente se afirma no lo veo con muy buenos ojos porque no hay equilibrio entre las diferentes clases sociales y sobretodo empresariales. Contratos de exclusion para los que más deberían contribuir con el fisco por ser los primeros y más beneficiados. Para muchos este no es un Gobierno de seguridad social sino de inversión para la guerra. Lo que han ganado grandes empresas, al final será pérdida para el resto de colombianos, por culpa de acuerdos previamente firmados».
La Dian insiste que nueve mil personas en el país tienen un patrimonio líquido superior a tres mil millones, las cuales podrían ser sujetos de la extensión del gravamen. El Gobierno ha planteando que se mantenga el impuesto para recaudar cerca de US$1 billón de dólares al año. Néstor Díaz, director de la entidad, es partidario de reducir la tarifa del 1,2% y que el gravamen sea temporal. La propuesta protegerá a personas con alto nivel de endeudamiento.
Por otra parte, las cifras indican que durante el primer semestre del año el recaudo tributario podría haber llegado a $34,37 billones, lo que supera en $200 mil millones la meta propuesta, con un crecimiento de la economía entre 0,5 y 1,5% (según cifras publicadas en El Espectador).
Pero en este tira y afloje, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, entidad que recomendó al Gobierno sustituir el actual Impuesto al Patrimonio, por un tributo que se cobre a la clase media, sugiere aplicar el impuesto a patrimonios netos superiores a los 200 millones de pesos.
Hasta el 2010, el tributo a la guerra lo pagarán más de 7.400 empresas y personas naturales con patrimonios por encima de los 3.000 millones de pesos. Sergio Clavijo, presidente de Anif, recomendó aplicar una tarifa entre el 0,5 al 0,7%. Con este ajuste cerca de 350.000 colombianos pagaran el gravamen que el Gobierno plantea para financiar la política de la seguridad democrática a partir del 2011.
Otro punto de vista sobre este tema plantea que la clase media colombiana también se beneficia y no habría porque excluirla del pago del Impuesto al Patrimonio. Además, las necesidades que tiene la Reforma Tributaria pueden llegar a ser tan grandes que a lo mejor todos los colombianos tendrán que aportar. El mismo ex ministro Hommes dice que se podría bajar el monto al patrimonio a partir del cual se debe pagar y ampliar la base para abarcar los estratos tres, cuatro, cinco y seis. Manejar patrimonios de 200 o 300 millones de pesos.
Martín Garrido se muestra muy crítico sobre la posición anterior
«Eso es como los que dicen que se deben incluir patrimonios desde 500 millones de pesos comenzando con una tarifa baja del 0.4 o 0.8%, la cual paulatinamente se vaya aumentando hasta gravar a quienes más tienen. Eso no es algo sano para la clase media. ¿Por qué tienen que terminar pagando las personas que no se benefician con exenciones tributarias otorgados a través de contratos de zonas francas?».
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