Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El exdirector de la DIAN, Gustavo Humberto Cote Peña, asegura que no se puede obligar a declarar y pagar el impuesto sobre la renta a la mayoría de trabajadores que forman parte de la clase media y baja del país, como lo pretende la Comisión de Expertos. Por otra parte, se espera que con la reforma tributaria se genere inversión y competitividad.
El mensaje es bien preocupante. El IVA es un impuesto que por ser indirecto no consulta la capacidad de los obligados a asumirlo. Por tanto, termina afectando sin hacer distinción alguna a las familias menos acomodadas como a aquellas con mayor riqueza. A la deficiencia estructural del impuesto, se suma el desafortunado comportamiento de la inflación de los últimos meses del 2016, que incide en forma directa en los precios de los artículos de primera necesidad. Un panorama así resulta desalentador, pues un cambio de tarifas y el establecimiento del IVA a algunos productos y servicios de la canasta familiar va a afectar en forma negativa el bolsillo de los colombianos.
Esa es una aspiración generalizada. Frente a una evasión del orden del 39% en el impuesto sobre la renta y del 40% en el IVA, el Gobierno Nacional y el Congreso deberán asumir la responsabilidad de incluir en la propuesta de reforma tributaria medidas que busquen disminuir estos altos índices. Para nadie es desconocido que un reducido grupo de colombianos, en quienes se concentra la mayor parte de la riqueza nacional, no pagan o pagan muy poco al Estado por concepto de impuestos.
Respecto al caso de Panamá, es de público conocimiento que en muchas situaciones es el refugio de dineros mal habidos provenientes del ilícito o de la corrupción, o de la simple intención de esquemas que buscan evadir los impuestos en Colombia. El Gobierno Nacional aún no ha logrado concretar el acuerdo de intercambio de información que se anunció hace varios meses. Frente a la realidad del alargue injustificado del acuerdo, el Gobierno debería considerar ya dejar de lado el tema y proceder a declarar a Panamá como paraíso fiscal. En esta forma, el país contaría con las posibilidades de aplicar las normas especiales de carácter tributario para las transacciones con los paraísos fiscales, en beneficio de la tributación nacional.
Adicionalmente, en la reforma deberían incorporarse normas que contemplen un principio de “transparencia fiscal” que permita ejercer un mayor control frente a quienes utilizan algunas sociedades en el exterior; por ejemplo, en Panamá terminan triangulando transacciones a través de paraísos fiscales.
Esa es una pregunta a la que le dará respuesta el Gobierno Nacional cuando presente el proyecto de reforma tributaria a consideración del Congreso. Mientras tanto, lo que se ha manifestado por el señor Presidente de la República es que el proyecto pretende subsanar las deficiencias actuales del sistema tributario colombiano, pues hoy es complejo, ineficiente, inequitativo, estimula la evasión y elusión, y es poco atractivo para la inversión.
Esperamos que la propuesta final que preparen los técnicos del Ministerio de Hacienda y la DIAN responda a esos objetivos y que los congresistas sean responsables con el país, para que la ley que se produzca comprenda los cambios estructurales que se requieren. Sin embargo, no puede olvidarse que la situación de las finanzas públicas es bastante calamitosa y, por ello, la reforma tendrá que ver cómo se compensan los menores ingresos tributarios que se han perdido como consecuencia de la caída de los precios del petróleo y aquellos que desaparecerán por el fenecimiento de algunos tributos en el futuro inmediato.
Lo que sí debería tenerse presente es que estos mayores recursos que demanda el presupuesto nacional no pueden lograrse obligando a declarar y pagar impuesto sobre la renta a la gran mayoría de los trabajadores que forman parte de la clase media y baja del país, tal y como lo pretende la Comisión de Expertos. Es en el bolsillo de los más pudientes en donde deben buscarse, pues son ellos los que tienen la capacidad para aportar.
El planteamiento en este punto es claro. Las tarifas del impuesto de renta, más el CREE y la sobretasa por este último, sumadas a la del impuesto de la riqueza, constituyen una carga absolutamente desproporcionada para las empresas, que hoy por hoy afecta la competitividad de Colombia y la inversión en nuestro país. Por consiguiente, entre los objetivos ya indicados de la próxima reforma, aparece como punto primordial el que dicha alta tributación tenga que ser disminuida.
Pero también deberán tomarse medidas para simplificar todo el sistema, incluyendo el régimen aplicable a las personas naturales, eliminado el sistema IMAN/IMAS y fortaleciendo a la DIAN con exigencias específicas en sus logros de control a la evasión y de facilitación de la vida a los contribuyentes.
¿A cambio de qué? A cambio de un mejor ambiente para la inversión y con ello un mayor desarrollo nacional.
De no adoptarse medidas que aminoren las pretensiones fiscalistas de algunos de los cambios propuestos que se han conocido, deberán prepararse para destinar mayores recursos al pago de impuestos en sacrifico de los destinados al sostenimiento de sus familias.
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