Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Pese a que este año no se trabajará en una reforma laboral, la ministra de trabajo ha manifestado la importancia estudiar los aspectos de la contratación por horas. Anif, por su parte, recalca que se deben fortalecer los canales de búsqueda de empleo y certificar a los empleados.
La ministra de trabajo, Alicia Arango Olmos, aseguró el 24 de enero de 2019 que este año el Gobierno no presentará una reforma laboral. Al respecto, la funcionaria aseguró ante los medios de comunicación que no se ha comenzado a trabajar en ella; es un tema muy delicado y que amerita un estudio profundo por parte de diferentes sectores.
Desde su punto de vista, y como lo aseguró en entrevista con El Tiempo, lo primero que se debe cambiar en el entorno laboral colombiano es la forma de contratación, porque Colombia no puede seguir sin poder contratar por horas. «Esto hace que nos enfrentemos a la informalidad, porque cuando uno le dice a un empleador que tiene que pagar la pensión por semana y la salud por mes, pero el trabajador solo trabaja tres horas al día porque no lo necesitan más, el señor le dice: le doy un trabajo independiente. Esto es legal, pero el problema es que es muy triste que haya muchas personas en Colombia con ese contrato, que tienen que responder por sus prestaciones, pero que no ganan el salario mínimo», afirma.
Para la ministra, la persona que trabaja por horas no gana el salario mínimo. Ella hace especial énfasis en los vulnerables, quienes tampoco cuentan con salud y pensión. «Ese trabajo por horas es igual al que están haciendo ellos hoy, solo que sería liquidado por horas y no como un contrato independiente», explica Arango Olmos. Se trata, desde su punto de vista, de un tema de solidaridad, porque de esta manera se está ayudando a que los trabajadores coticen. «Los Beneficios Económicos Periódicos –BEPS– comienzan por ahí», recalca.
Sergio Clavijo, director de Anif, hace énfasis en entrevista con Actualícese sobre la necesidad de hacer una reforma laboral, ya que en este momento la informalidad en el país está rondando el 60 % y no tiene proyecciones de bajar, por lo que mucho dinero cubre la mesada de pocas personas. «Anif ha argumentado que el régimen de prima media es inequitativo y está generando presión sobre el gasto público, dados los grandes subsidios que otorga, entre 50 % y 70 %, los cuales favorecen a los estratos más altos”, explica Clavijo.
El año anterior, el Consejo Privado de Competitividad –CPC–, en su Informe Nacional de Competitividad 2018-2019, propuso fortalecer el uso del Servicio Público de Empleo –SPE– y definir un sistema nacional de certificación de competencias laborales como dos estrategias propuestas para reforzar el mercado laboral y la búsqueda de empleo formal en nuestro país.
Al respecto, la entidad indica que los canales por medio de los cuales las personas consiguen empleo en Colombia son principalmente informales. En 2017, cerca de dos terceras partes de las personas que consiguieron empleo lo hicieron a través de amigos o familiares, mientras que el 5,45 % lo hizo a través de convocatorias y 2,94 % a través de bolsas de empleo o intermediarios.
Una de las acciones propuestas por la entidad para contrarrestar lo anterior es fortalecer la utilización del SPE y otros canales formales de contratación. Entre enero y agosto del 2017 el SPE registró un 1.026.000 vacantes, acumuló 3.399.000 hojas de vida y logró ocupar a 386.000 personas, lo que equivale al 17,2 % del número de desempleados promedio en 2017. Sin embargo, solo 2,94 % de las personas manifiesta haber conseguido empleo a través de una bolsa de empleo o de intermediarios, incluido el SPE.
El informe de la entidad asegura que aunque con la Ley 1636 de 2016 y el Decreto 1072 de 2015 todos los empleadores tienen la obligación de reportar sus vacantes al SPE durante los diez días hábiles siguientes a su existencia. En la práctica esto no se cumple, y solamente hay 36.000 empleadores inscritos. Por tal motivo, «el SPE debe establecer estrategias más contundentes de atracción para los empleadores partiendo del conocimiento que se tenga sobre las barreras que impiden su utilización», ya que el uso de esta clase de mecanismos de intermediación laboral ayuda a reducir los costos de transacción y las asimetrías de información para las organizaciones y los aspirantes a conseguir empleo.
La carencia de certificaciones es otro impedimento para garantizar que el sector productivo cuente con el capital humano idóneo para adelantar sus actividades. Una certificación permite que los empleadores tengan mayor certidumbre sobre las capacidades que tienen los aspirantes a un cargo determinado en cualquier industria o región.
«Actualmente, el Sena y otros cinco certificadores acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación son los únicos autorizados para certificar competencias en el país. Esta oferta, sin embargo, es insuficiente frente a la demanda que se espera para los próximos años», afirma el informe del CPC.
Contar con este sistema definiría herramientas de valoración que sean reconocidas y aceptadas por todos los agentes participantes en el mercado laboral a partir del establecimiento de un conjunto de instancias, organismos y procesos que permitan la acreditación de organismos de evaluación y certificación de competencias laborales, la certificación propiamente dicha y su apropiación en los sectores educativo y empresarial.
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