Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Fortalecer Colombia Mayor, eliminar subsidios regresivos en el RPM y reducir la informalidad para garantizar la cobertura del sistema son los pilares de una reforma pensional.
La formalidad es el elemento central para aumentar el número de trabajadores cotizantes, quienes recibirían una pensión.
El Consejo Privado de Competitividad –CPC–, en su análisis Pensiones y protección a la vejez, publicado el 4 de noviembre de 2020, explica que la cobertura pensional se desagrega en dos componentes:
La entidad indica que el país enfrenta retos en los dos frentes. Por un lado, la cobertura activa se relaciona, directamente, con la estructura y eficiencia del mercado laboral, siendo la formalidad el elemento central sobre el que redunda el número de trabajadores cotizantes, y, en consecuencia, en la proporción de trabajadores con posibilidad de recibir una pensión.
«En el año 2019 el país alcanzó un 37 % en su cobertura activa, siendo superior al promedio de América Latina (33 %), pero inferior a la de países de la región como Chile (65 %), Costa Rica (67 %) o Uruguay (70 %) (BID, 2018). Al desagregarse geográficamente, el porcentaje de trabajadores colombianos cotizantes al sistema llega al 43,5 % a nivel urbano, y al 14, 6 % en zonas rurales (DANE, 2019)», describe el informe.
La cobertura pasiva representa el mayor reto del sistema pensional, tanto en el presente como en el futuro, si se mantiene la tendencia del mercado laboral y las rigideces de cotización. Así pues, «en 2019 una de cada cuatro personas en edad de jubilación recibió una pensión contributiva, situación que se agudiza al observarse desde un enfoque territorial y de género». A nivel urbano, la cobertura pensional alcanzó un 28 %; a nivel rural, la cifra fue del 7,9 %.
De igual forma, el sistema pensional evidencia las brechas de género: mientras el 30 % de hombres en edad de jubilación reciben pensión, la proporción de mujeres que acceden a ella es del 24 %, y en la ruralidad es de apenas 6 %, como lo indica el Dane.
La crisis derivada del COVID-19 impacta el sistema pensional en tres sentidos:
Por lo anterior, el Gobierno nacional decretó medidas para mitigar efectos en el corto y largo plazo sobre el sistema pensional, como el Decreto Ley 558 de 2020 (declarado inexequible por la Corte Constitucional), posteriormente modificado por el Decreto Ley 802 de 2020, el cual tuvo dos objetivos principales.
Por un lado, permitió la reducción de los aportes de pensión del 16 % al 3 % durante abril y mayo. De igual forma, se buscó el traslado masivo de 20.000 afiliados del RAIS a Colpensiones bajo la premisa de descapitalización de estos recursos por la crisis económica.
Sin embargo, la Corte Constitucional lo declaró inexequible, haciendo retroactivas las medidas tomadas y dejando en manos del Ejecutivo la implementación del fallo.
Para la entidad, teniendo en cuenta los retos y dificultades del sistema pensional en Colombia, se debe avanzar en la construcción de una reforma pensional que permita ampliar la cobertura y ajustar los riesgos de sostenibilidad, a través de la corrección de fallos de asignación, eficiencia y cierre de brechas.
«Si bien una reforma pensional lleva al choque de intereses heterogéneos, independientemente de las discrepancias, varias propuestas coinciden en tres postulados: el fortalecimiento del programa Colombia Mayor, la eliminación de los subsidios regresivos en el RPM, y la necesidad de reducir la informalidad como principio para garantizar la cobertura del sistema», asegura el CPC.
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