Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Gustavo Cote piensa que el Gobierno debería imponer un mayor gravamen sobre los dividendos y el impuesto al patrimonio para los más ricos.
Si la Dian continúa persiguiendo a quienes declaran y pagan por incurrir en incumplimientos formales, es imposible ver avances en la lucha contra la evasión.
Según Gustavo Humberto Cote Peña, exdirector de la Dian, que las mismas empresas vean con buenos ojos el pago de más impuestos es una clara señal para que el proyecto de reforma tributaria incluya puntos en los cuales estas tributen más.
El retiro del proyecto era apenas natural porque con su contenido el Gobierno desconoció la situación crítica que venía padeciendo el país en materia de recesión, desempleo, cierre de empresas, aumento de la pobreza y deterioro de la clase media.
Además, en dicho proyecto había propuestas erradas, como la de pretender afectar en sus exiguos ingresos a sectores de menor capacidad económica de la sociedad o el de mantener los privilegios aprobados en la última reforma tributaria (2018 – 2019).
El mejor camino para todo el país era el retiro del proyecto por inoportuno e inequitativo.
De conformidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021, presentado por el Ministro de Hacienda hace algunos días, la nueva reforma tributaria a presentar al Congreso de la República en julio próximo está inspirada en la necesidad de proveer recursos para cubrir los programas sociales y apalancar el financiamiento público en los años 2022 y 2023, sumándole a dicha fuente el mejoramiento de la renta petrolera por el aumento del precio del crudo, la venta de activos y una mejor gestión de la Dian.
Sobre su contenido solo se ha anunciado que existe la intención de incluir medidas sin afectar a la población pobre, a los ciudadanos vulnerables y a la clase media. Por su parte, el presidente manifestó la decisión de aumentar el impuesto de renta de las personas jurídicas y crear una sobretasa en este tributo.
El panorama, que conlleva además un alto endeudamiento, implica necesariamente que el próximo Gobierno tendrá que volver a barajar en materia de obtención de recursos impositivos para el presupuesto nacional.
Esa estrategia es una de las propuestas planteadas por los empresarios del país. Ellos están de acuerdo con pagar más impuestos por estimar que en este momento el país así lo demanda y pueden ayudar en esa forma. Por lo tanto, así lo deberá contemplar el proyecto nuevo.
Lo primero es no tocar la tributación actual en el impuesto sobre la renta de las personas naturales de ingresos medios y bajos. Tampoco se puede pretender extender el IVA a los productos de la canasta familiar.
Lo segundo es buscar los mayores recursos en la eliminación de los tratamientos preferenciales aprobados en el 2019.
Finalmente, no puede olvidarse la exagerada concentración de la riqueza existente en Colombia y la profunda brecha social, por ello deberá aumentarse la carga impositiva a quienes pueden pagar más por tener una mayor capacidad contributiva, por la vía de un mayor gravamen sobre los dividendos y del impuesto al patrimonio.
Esos analistas tienen toda la razón. Le agregaría otra acción urgente del Estado: poner en marcha una verdadera cruzada contra la corrupción pública.
El monto de los dineros pagados por todos los colombianos que se descarrilan por esos dos caminos es inmenso.
En el ámbito de la evasión es urgente que las autoridades tributarias desplieguen su actividad de control hacia los sectores que realmente se encuentran al margen del cumplimiento y el pago de los tributos.
Mientras la Dian continúe persiguiendo a quienes declaran y pagan, por incurrir en incumplimientos meramente formales que no entorpecen su labor de fiscalización para aplicarles sanciones desproporcionadas y, en algunos casos, al margen de la ley, resultará imposible vislumbrar un avance firme en el terreno de la lucha contra la evasión.
Por el contrario, de continuar esta política en marcha lo único que se va a lograr es propiciar el cierre de más empresas con las consecuencias negativas que ello conlleve para la reactivación económica y el empleo nacional
Esta aspiración siempre ha chocado con las necesidades diarias de recursos de los gobiernos de turno. No obstante, soñar no cuesta nada. La única forma sería generando un amplio pacto que incluya a todos los partidos políticos, a los sectores productivos, al mundo académico; en fin, a todos los actores.
Se debe estructurar colectivamente un texto de reforma con los cambios normativos al sistema tributario necesarios para imprimirle la vigencia de los principios de equidad y progresividad, y adquirir un acuerdo irrenunciable de apoyo a su aprobación.
Cada aspecto, para ser recogido en dicho proyecto, ya sea eliminando o modificando normas existentes o incluyendo nuevas disposiciones, debería pasar un test en el cual se valoren tópicos como: ¿implica un deterioro caprichoso de la recaudación?, ¿beneficia a un sector económico en particular?, ¿genera distorsiones a la neutralidad?, ¿conlleva a situaciones de inequidad sin justificación alguna?, ¿respeta el principio de “a mayor capacidad económica mayor carga impositiva”?, entre otras inquietudes.
El pacto debería conllevar además un compromiso de los líderes gremiales para abstenerse de ejercer presiones al Gobierno y al Congreso para la inclusión de beneficios o tratamientos preferenciales sectoriales.
Adicionalmente, su preparación, estudio, trámite y aprobación, tendría que hacerse en su totalidad de manera pública; es decir, que se involucre una absoluta divulgación en directo de todas las reuniones a celebrar entre congresistas, técnicos y funcionarios gubernamentales responsables de la hacienda pública.
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