Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Isabella Bello asegura que quitar algunas exenciones tributarias podría significar cerrar sectores que hoy más que nunca pueden estar necesitando de esa ayuda.
Para ella, la idea de gravar toda la canasta familiar con IVA va de la mano con devolverle este impuesto a quienes no no pueden pagarlo.
Para Isabella Bello Hurtado, gerente de servicios legales y tributarios de PwC, falta claridad al discutir el tema de cobrarle más impuestos a las plataformas digitales, grandes ganadoras en la pandemia, y así incrementar el recaudo en el país.
«Las plataformas digitales locales son gravadas como cualquier otra compañía. El problema es que no tienen reglas claras para efectos de la territorialidad de sus servicios y entonces se tienen discusiones entre los municipios, por ejemplo para efectos de ICA o reglas en renta como limitaciones por gastos en el exterior, que lo único que hacen es gravar vía una limitación de la deducción haciendo inviables negocios locales o que en Colombia se propenda por un tema de economía digital, lo que va en contravía con todo lo que el Gobierno pretende a través de la economía naranja», opina.
Explica que para el caso de las plataformas del exterior, ya están gravadas en Colombia a través del IVA desde el año 2017, y deben registrarse, liquidar y pagar este impuesto cuando sus clientes son usuarios no responsables de IVA en Colombia.
Reitera que se deben establecer reglas claras que determinen aparte del IVA, si se van o no a liquidar otros impuestos sobre estos servicios digitales.
«Falta modernizarnos, hacer unas reglas espaciales de territorialidad para este tipo de servicios nuevos. Si se van a establecer este tipo de reglas ya sea de fuente o inclusive por un posible establecimiento permanente digital. Tenemos que pensar que no se trata de gravar todos los servicios digitales porque sí, sino buscar unos umbrales razonables y unas reglas de cumplimiento sencillas que no desincentiven la inversión en Colombia», piensa.
Es clara al afirmar que establecer que cualquier negocio digital, sin importar sus ingresos, graven en Colombia no sería una regla que podamos controlar y probablemente generaría lo contrario a lo esperado, una disminución de la inversión.
Sobre la cantidad de exenciones con las que cuentan las empresas, dice que hay que revisar una a una. «La mayoría se crean con la intención de incentivar un determinado sector de la economía que necesita un empujón, entonces quitarlos podría significar cerrar sectores que hoy más que nunca pueden estar necesitando de esa ayuda», explica.
Para ella, quitar una exención puede implicar el cierre o la caída de un sector y todo lo que viene con ello, empleos por ejemplo.
«Creo que las decisiones que se tomen no deben ser cortoplacistas, deben pensar en buscar acuerdos sujetos a una recuperación de la economía comprobable, reducción de exenciones por ejemplo en la medida de un crecimiento en la economía», dice.
Bello Hurtado considera que cobrar más impuestos en las circunstancias en las que estamos es difícil, porque hay familias que pasaron de dos ingresos a uno.
«Ampliar la base me parece una solución más realista, pero debe ser algo paulatino y que obedezca de verdad a una inversión social plausible y notoria. Esto, desafortunadamente, va atado a un tema coyuntural como es la corrupción», puntualiza.
Opina que la reforma debe ir acompañada de un verdadero programa anticorrupción, de una auditoría constante de los recursos que permite a la ciudadanía ver, en efecto, el impacto de sus impuestos.
«Por ejemplo, el programa de obras por impuestos podría ser ampliado, pues esto claramente ayuda la confianza del contribuyente. Es algo que le permite ver que su contribución en efecto se materialice en un proyecto de interés social», sugiere.
El Gobierno le está apostando a gravar toda la canasta familiar para luego aplicar la devolución del IVA a quienes no pueden pagarlo. Bello Hurtado considera que el 2020 fue una buena prueba, sin embargo, las bases de datos no están completas, tienen información muy desactualizada y no necesariamente la devolución va a llegar a todos los que la necesitan, esto puede ser un problema a largo plazo.
«Dependerá de las sumas del gobierno para saber qué puede ser mejor, si el recaudo o la posible disminución de la capacidad adquisitiva de muchos colombianos», recalca.
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