Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Juana Téllez se debe lograr un consenso político para un nuevo proyecto de reforma tributaria.
Propuesta del Centro Democrático busca ampliar cobertura de programas sociales y proteger el empleo formal.
Hernando Gómez asegura que se debe aumentar el recaudo por lo menos en 1,5 puntos del PIB.
El ministro de Hacienda José Manuel Restrepo continúa tratando de realizar los consensos necesarios para que la próxima reforma tributaria salga adelante. La idea del Gobierno nacional es presentar el proyecto de ley el próximo 20 de julio.
Restrepo ha dicho a los medios de comunicación que el proyecto de ley no tocará a la clase media, tampoco se modificará el esquema del IVA y las pensiones.
Confirmó que se está trabajando en las propuestas planteadas por la Andi, como son: la suspensión del descuento de impuestos de Industria y Comercio –ICA–, aplazar la reducción de la tarifa general del impuesto de renta, establecer el impuesto al patrimonio por dos años para capitales líquidos superiores a los 5.000 millones de pesos con una tarifa del 1 % y adelantar la enajenación de la Nación.
Mientras el país define el rumbo de la reforma tributaria, que como ya se ha ventilado en medios buscaría cobrarle más impuestos a las empresas y a las personas de más altos ingresos, los expertos señalan que se debe recorrer un camino que alivie las finanzas, aunque sea en el corto plazo. Juana Tellez, economista jefe de BBVA Research, afirma en la misma publicación:
Lograr rápido el consenso político en torno a un nuevo proyecto de reforma es una necesidad para todos. Pronto las familias y las empresas deben tener en claro los recursos de gasto social que recibirán, así como los aumentos en impuestos que se darán. Actuar rápidamente nos permitirá reducir la incertidumbre, aumentar la confianza y permitir que el proceso de recuperación continúe.
En su publicación Banca & Economía de la Asobancaria, correspondiente a junio de 2021, Hernando José Gómez, presidente de la entidad, resalta que el buen manejo de la política fiscal, sumada a la política monetaria, eran destacadas por los inversionistas extranjeros y las calificadoras de riesgo como pilares de la estabilidad macroeconómica del país a lo largo de los años.
Sin embargo, previo a la pandemia, las calificadoras y analistas resaltaban que Colombia se encontraba en mora de realizar una reforma fiscal estructural que le permitiera reducir sus niveles de déficit y deuda. Según Gómez:
Con el retiro del proyecto de ley de la reforma tributaria y la rebaja de la calificación crediticia por parte de S&P el panorama se ha hecho mucho más retador y las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal de largo plazo se han exacerbado considerablemente.
Así, desde su punto de vista, para preservar la calificación de grado de inversión otorgada por Fitch y Moody’s y mantener bajas tasas de fondeo para el Gobierno, las empresas y los hogares, resulta necesario que en el Congreso se tramite un nuevo proyecto de reforma que permita aumentar el recaudo por lo menos en 1,5 puntos del PIB.
De esta forma se podrá estabilizar la deuda pública hacia niveles del 60 % y mantener programas de asistencia social como el Ingreso Solidario, que han mitigado el aumento de la pobreza.
El 15 de junio de 2021, el Centro Democrático presentó en el Congreso un proyecto de ley de reforma tributaria con la idea de ampliar la cobertura de los programas sociales, garantizar la protección del empleo formal y establecer medidas de austeridad del gasto público.
Enfocada en las empresas, la propuesta plantea suspender el descuento del ICA y que las compañías paguen una tarifa de renta del 34 % hasta el año gravable de 2031; de 31 % para 2032; y 30 % a partir de 2033.
Por otra parte, las entidades del sector bancario, fiduciario, asegurador, comisionistas de bolsa y corredores de seguros vigiladas por la Superfinanciera, con excepción de los contribuyentes del régimen tributario especial, deberán liquidar unos puntos adicionales al impuesto de renta.
Para el año gravable 2022, 2023 y 2024 dicha sobretasa sería de 3 puntos porcentuales adicionales, siendo la tarifa total de 37 %.
El 50 % de este recaudo se destinará para la financiación de microcréditos para las micro, pequeñas y medianas empresas, y la otra mitad para proyectos de infraestructura en vías terciarias y caminos vecinales.
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