Reforma Tributaria eleva ingresos fiscales y reduce cargas a independientes sacrificados con la del 2012

Luis Álvaro Pardo asegura que quienes concentran la mayor parte de la riqueza en el país no se ven afectados con esta Reforma Tributaria. Además, dice que las reformas tributarias del Gobierno Santos se orientan a atender necesidades coyunturales de financiamiento público y no en corregir falencias estructurales.

Luis Álvaro Pardo.

Economista con especializaciones en Derecho Minero–Energético, Derecho de las Empresas y Solución de Conflictos Socio-ambientales, exdirector técnico de minas del Ministerio de Minas y Energía, exasesor de empresas del sector de minas e hidrocarburos, investigador de la Red Iberoamérica para la Prevención y Gestión de Conflictos Mineros, analista de Razón Pública y exasesor de la Contraloría General de la República, dialogamos con Luis Álvaro Pardo sobre los diversos aspectos negativos que presenta la Reforma Tributaria.

Para él, esta Reforma no modificó ninguno de los beneficios tributarios de los que gozan quienes concentran la mayor parte de la riqueza del país y tampoco adicionó cargas impositivas significativas que hagan pensar que salieron perjudicados con la nueva normativa. “La Reforma prorroga impuestos que ya se venían pagando, como el gravamen a los movimientos financieros hasta el 2021 y el impuesto de renta para la equidad CREE; cambió el nombre al impuesto al patrimonio por el impuesto a la riqueza y aprobó una sobretasa al impuesto para la equidad CREE”, asegura.

Para Pardo, esta reforma “improvisada” mantuvo las cargas tributarias que impuso la del 2012 a las rentas de trabajo y dejó intactos los privilegios a las rentas de capital que se expresan en el Estatuto Tributario, en una larga lista de deducciones, exenciones y descuentos, que reducen las tasas efectivas de tributación de los sectores con mayor capacidad económica.

“Las reformas tributarias del Gobierno Santos se han orientado a atender necesidades coyunturales de financiamiento público y no en corregir falencias estructurales de un estatuto que, como lo exigen algunos sectores de la sociedad, debe ser revisado a fondo para que en un marco de equidad, progresividad, eficiencia y transparencia le permita al Estado obtener los recursos públicos necesarios para atender sus obligaciones establecidas en la Constitución Nacional”, dice.

En cuanto a las cifras de ingresos esperados por el Gobierno, Pardo dice que por el impuesto al patrimonio en el 2014 eran de $4,2 billones, mientras la proyección de recaudo para el impuesto a la riqueza es de $4,4 billones en el 2015. “Quiere decir esto que el problema es de semántica y no fiscal. La diferencia entre estos dos impuestos es que el de la riqueza amplia la población de contribuyentes a empresas con contratos de estabilidad jurídica y quizá alcance a incluir a algunas empresas medianas con patrimonio superior a los $1.000 millones”. Debe destacarse la progresividad del impuesto a la riqueza y la disminución gradual de la tasa marginal de un impuesto que rige para los años 2015 a 2017.

Luis Álvaro Pardo ve con malos ojos que tanto el Ejecutivo como el Congreso se hayan negado a discutir y eliminar los privilegios tributarios a personas jurídicas, especialmente de los sectores de minería, turismo y financiero, que habrían permitido elevar los ingresos fiscales y reducir las cargas a los trabajadores e independientes, sacrificados con la reforma tributaria del 2012.

Eso sí, reconoce y ve como aspecto importante la convocatoria de una comisión de expertos para avanzar en una reforma estructural al régimen tributario, para “poner freno a los excesivos privilegios tributarios, a las normas laxas que facilitan la evasión o elusión tributaria y a evitar el desangre por la vía de las donaciones a organizaciones con ánimo de lucro (fundaciones y gremios económicos)”.