Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Alfredo Lewin, quien hizo parte de la Comisión de Expertos que analizó el sistema tributario nacional, la Ley 1819 de 2016 debió ampliar más la base tributaria del IVA y avanzar en la reducción de privilegios y beneficios. Así mismo, el experto opina sobre aspectos relacionados con dicha ley.
Entre los ganadores puede señalarse a los exploradores de hidrocarburos y entre los perdedores se encuentran aquellos vinculados con el sector inmobiliario ya que, por primera vez, se incluyen los inmuebles como bienes sujetos al IVA.
En líneas generales sí se adoptaron las medidas conducentes para evitar o reducir la evasión de las entidades sin ánimo de lucro. En la práctica, el verdadero control de la evasión fiscal se dará o no según si la DIAN administra las normas de manera correcta.
Los impuestos verdes deben ser establecidos y administrados de tal manera que cumplan, primordialmente, con fines ambientales, ecológicos, etc. El objetivo recaudatorio debería ser una meta secundaria.
Recientemente, algunos países han considerado y aplicado los impuestos a las bebidas azucaradas para combatir problemas de obesidad y salud. Lo conveniente ahora, que no fueron acogidos por el Congreso de la República aunque el Gobierno así lo solicitó en el respectivo proyecto de ley, es seguir de cerca las lecciones que surjan de la experiencia internacional. Desconozco las razones y circunstancias presentadas en el debate político de la reforma y la ley aprobada.
Una buena y eficiente administración del Estado que asegure siempre la aplicación objetiva y ajustada de las normas y garantías de los contribuyentes, evitando las arbitrariedades y el despilfarro o desvío de los recaudos correspondientes a los recaudos públicos.
Habría sido conveniente que se redujera la carga tributaria de las empresas, avanzar en simplificación, ampliar la base tributaria del IVA y reducir más privilegios y beneficios especiales consagrados en la ley.
También hizo falta establecer un tribunal autónomo e independiente de la DIAN para definir las controversias entre los contribuyentes y el Estado, que evite los procesos de discusión que hoy día se toman entre 6 y 8 años o, en ocasiones, más de 10.
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