Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
José I. López afirma que, en el mejor de los casos, la reforma reducirá parcialmente el faltante de recursos con cargas adicionales a empresas formales.
Mauricio Santamaría dice que se construyó una propuesta modesta con recaudo adicional para manejar el estado de las finanzas públicas a corto plazo.
En la separata La reforma fiscal: camino a la sostenibilidad y a la salida de la crisis social, elaborada por el Centro de Estudios Económicos de Anif, José Ignacio López, director ejecutivo de investigaciones económicas de Corficolombiana, afirma que una de las grandes deficiencias del sistema tributario colombiano es su baja capacidad de cobrar impuestos de forma directa a las personas, compensada por la tributación de empresas que pagan una elevada carga tributaria, la cual, para los sectores formales, alcanza el 55 % de las utilidades.
El impuesto directo a cargo de las personas naturales por concepto de renta representa en Colombia el 6 % del recaudo total, mientras que para el resto de los países de la OCDE esta cifra es cercana al 20 %. Según explica López:
Por su parte, el recaudo a través de las empresas en nuestro país participa en un 25 % del recaudo impositivo total, cuando en los países de la OCDE es del 8 %, y en el resto de los países de América Latina es del 16 %.
Estas cifras van de la mano con la alta informalidad empresarial y laboral de Colombia.
A pesar de que esta prescripción se ha repetido en múltiples espacios, hay una resistencia en la arena pública por ampliar la base de la tributación y que las personas contribuyan, así sea en montos pequeños en la financiación del gasto público.
El equilibrio político e ideológico sugiere que los colombianos prefieren que sean las empresas las que paguen los impuestos, cuando es bien sabido que una alta carga tributaria lleva al sector privado a reducir la inversión, los salarios y el empleo, toda la sociedad asume estos costos en la forma de un menor crecimiento económico y un mercado laboral poco formal.
Dado este equilibrio, donde a modo de juego no cooperativo los ciudadanos prefieren que sean otros quienes paguen los impuestos, no se vislumbra un cambio estructural en el mediano plazo, lo que implicará que:
En el mejor de los casos tengamos una reforma que logre reducir de manera parcial el faltante actual de recursos, recurriendo a mayores tasas de renta y con cargas adicionales a las empresas formales.
El siguiente paso en la búsqueda del equilibrio fiscal es pensar en ganancias de eficiencia en el gasto público para que progresivamente los ciudadanos aumenten la confianza en la capacidad del Estado de proveer bienes públicos esenciales:
(…) con el objetivo de que en el mediano y largo plazo podamos superar la barrera política y social que impide que más personas contribuyan de manera directa a financiar el gasto.
Bajo esa lógica, una forma de encontrar el apoyo requerido para una reforma tributaria estructural pasa antes por una reforma de gasto.
Desde el punto de vista de Mauricio Santamaría, presidente de Anif, la propuesta de reforma tributaria retirada por el Gobierno nacional daba pasos importantes en la solución de problemas estructurales con los que carga el sistema tributario.
También presentaba bases para generar los recursos necesarios que pudieran mitigar los efectos negativos de la pandemia en el empleo, la pobreza y la desigualdad, así como en procurar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica del país. Al respecto enfatiza:
Solo por poner un par de ejemplos, contemplaba la ampliación de la base de contribuyentes de renta, proponía un esquema para gravar las mesadas pensionales superiores a los 7 millones de pesos y así empezar a corregir la mala focalización de los subsidios pensionales del régimen de prima media y, además, contenía un importante factor de redistribución basado en la permanencia de programas sociales creados durante la pandemia. Se merecía, al menos, una discusión seria y pausada en el Congreso.
Hubo entonces que pasar la página y desde la entidad presentaron el documento Propuestas de Anif para la nueva reforma tributaria: tratando de sobreaguar con el menor daño posible.
Nos dimos a la tarea de construir nuevas propuestas para una reforma más modesta que, por ahora, logre el recaudo adicional suficiente para manejar el estado de las finanzas públicas en el corto plazo.
Con este nuevo esquema de reforma, Anif estima un recaudo cercano a los 13,8 billones de pesos, es decir cerca de 1,4 % del PIB.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
