Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Juan Guillermo Ruiz, la lucha contra la evasión no debe darse a costa del entorpecimiento de la actividad empresarial formal.
Para Andrés Hernández, si se crean normas permanentes hay que respetarlas; la inseguridad jurídica puede ser nociva para el ambiente tributario y causa pérdida en competitividad.
La Cámara de Comercio Colombo Americana –Amcham Colombia– realizó el foro virtual Análisis de la reforma tributaria: perspectivas para la recuperación económica, en el cual intervinieron expertos tributaristas de las firmas PWC, KPMG, EY y Deloitte, entre otras, quienes expusieron y analizaron el alcance que tendrá el proyecto de ley de reforma tributaria.
Alba Lucía Gómez, directora de impuestos en PWC Colombia, piensa que aunque esta reforma es menos ambiciosa que la propuesta inicial debido a la coyuntura social y se aparta de las recomendaciones que hizo el comité de expertos, sí tiene una regla fiscal más estricta.
De igual forma, el proyecto cuenta con medidas enfocadas a la generación de empleo, extensión de beneficios al sector turístico y una política social para la redistribución de los ingresos.
Por su parte, Ali Alexander Castrillón, socio de impuestos de KPMG Colombia, afirmó que mientras en los países de la OCDE, organización a la cual pertenece Colombia, la mayor parte de la carga tributaria se centra en las personas naturales, en nuestro país la tributación se soporta en las personas jurídicas.
En cuanto a los ingresos tributarios totales del país, las personas naturales solamente están contribuyendo con un 6 %, mientras que las personas jurídicas lo están haciendo con un 26 %. Esto es una total contraposición con los países de la OCDE, donde las personas naturales representan un 24 % del total de los ingresos tributarios y las personas jurídicas hacen una mínima contribución del 9 %.
Para Juan Guillermo Ruiz, socio de Posse Herrera Ruiz, uno de los desafíos de este proyecto será que la lucha contra la evasión no sea a costa del entorpecimiento de la actividad empresarial formal.
El incremento en mecanismos e instrumentos antiabuso de las últimas reformas tributarias ha ayudado, sobre todo, a generar enormes cantidades y complejidades de litigios de contribuyentes formales y no necesariamente a una reducción en los niveles de evasión.
Otro de los retos será la competitividad tributaria.
Si esta reforma no se entiende como un tributo de excepción y establecemos que el impuesto a la renta es del 35 %, mantenemos el impuesto a los dividendos en el 10 % y mantenemos el conjunto de mezcla tributaria que actualmente tenemos en Colombia, no tendremos competitividad tributaria en el mediano plazo; claramente eso debería cambiarse.
En su intervención, Andrés Hernández de León, socio de Brigard & Urrutia, dijo que el país debe trabajar en la simplicidad del sistema y en la seguridad jurídica, ya que, si no se cuenta con unas tarifas tributarias estables ni unas reglas de juego claras, esto se convierte en un mensaje terriblemente hostil para la inversión, difícil de asimilar y perverso para los estados financieros y las especulaciones de retorno de una inversión en el país.
Si esta reforma, que no debería tener la pretensión de generar normas permanentes sino de excepción o de coyuntura, finalmente crea normas permanentes, debe tratar de respetarlas en el mediano plazo, ya que la inseguridad jurídica puede ser tan nociva para el ambiente tributario como la pérdida de puntos en competitividad.
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