Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Desde el punto de vista de los docentes expertos en temas tributarios e integrantes de la Asociación Colombiana de Universidades, no se puede incluir a estas instituciones dentro del grupo de entidades sin ánimo de lucro. Además, se entraría al universo de los que declaran y pagan el impuesto de renta.
Recientemente las universidades privadas se reunieron en la ciudad de Bogotá, en un foro organizado por la Asociación Colombiana de Universidades –Ascun– y la Universidad Autónoma del Caribe, con el objetivo de analizar el impacto de la reforma tributaria en este segmento del sector educativo.
En el foro Avances de la reglamentación de la reforma tributaria y su impacto en la educación superior, se planteó que la reforma tributaria busca incluir a las universidades privadas en un régimen especial bajo el cumplimiento de una serie de requisitos, con el objetivo de que declaren y paguen el impuesto de renta, obligación de la cual estaban exentas.
El temor de estas instituciones es la afectación que este gravamen les puede generar, y el impacto que puede crear para el bolsillo de las familias de los estudiantes. “En el marco del proceso del desarrollo de esa norma, que está en espera de un decreto reglamentario por parte de la DIAN, se deben aclarar muchas dudas», dice el contador público y director de la escuela de posgrados de la Universidad Autónoma del Caribe, Electo Rivera.
Con un punto de vista crítico, Ramsés Vargas Lamadrid, rector de la universidad, manifestó que:
“Con todo el respeto que merece la actividad empresarial, nosotros no vendemos y tampoco fabricamos camisas, zapatos o gaseosas. Nosotros somos generadores de conocimiento y formamos ciudadanos, y para hacerlo necesitamos un Estado socio de nosotros, porque la universidad privada, en últimas, está supliendo de una manera manifiesta errores que debería está cumpliendo el Estado”.
Está claro que para Vargas Lamadrid, las universidades privadas del país no están siendo medidas con el mismo rasero por parte de la reforma tributaria. La Ley 1819 de 2016 obligaría a los estamentos universitarios privados a rendir cuentas ante la DIAN, «con unas normas difusas que las pondría a pagar de cero al 40 por ciento en impuestos», dice el directivo.
Para Vargas Lamadrid la reforma tributaria ubica a las universidades en una posición que no es acorde con su naturaleza propia: ser prestadoras de un servicio público de educación.
«Esperamos que el tacto y el cuidado que no hubo en la redacción de la ley, sí se tenga en la reglamentación y con el decreto que se va a emitir. Veremos si el decreto para reglamentar la ley, da la oportunidad de facilitar el servicio público de la educación o por el contrario lo hará más oneroso”, concluyó Vargas Lamadrid.
Para Andrés Medina Salazar, docente en temas tributarios de las universidades Externado y Uniautónoma:
“…el problema radica en que el legislador unió a todas las entidades sin ánimo de lucro en un mismo sitio y dentro de esas cayeron las universidades (…) Esto es como una zancadilla para las instituciones educativas privadas, ya que crearon una cantidad de informes y certificaciones, que en caso que se presente la ausencia de una de ellas, pues las universidades saldrían del régimen tributario especial y entrarían a ser parte del régimen ordinario”.
Desde Ascun se hace énfasis en que tanto el Gobierno como la DIAN deben socializar de forma amplia y suficiente la reglamentación de la reforma tributaria estructural en los temas relacionados con las universidades privadas, y así evitar efectos graves para este sector.
María Lozada, presidenta de Ascun, asegura que “dentro del grupo de las organizaciones sin ánimo de lucro, las universidades cumplimos un papel muy diferente a todas las que están enmarcadas bajo este rótulo, y por ello es necesario distinguirlas».
* Con información de ASCUN y El Tiempo.
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