Relaciones políticas entre Gobierno y firmas de auditoría: ¿modalidad de corrupción?


Hernando Bermúdez Gómez
Las publicaciones de Contrapartida son escritas por miembros de la comunidad académica del Departamento de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana.

Grandes empresas en Colombia suelen elegir como directores y administradores a personas con buenas relaciones con el Gobierno y los dirigentes de los partidos.

Amin, Keval; Kim, Chansog; Yang, Zhifeng; y Ye, Feiteng en su artículo Politically connected boards and audit pricing: U.S. evidence, publicado por Accounting Horizons (septiembre de 2021, vol. 35, fascículo 3), concluyeron:

We document that corporate political connectedness significantly increases audit fees. These results are consistent with auditors perceiving politically connected clients as riskier, and therefore exerting more effort and charging higher fees. We also find that auditors’ perception of risk decreases for connected firms when independent monitoring is stronger, when the clients’ operational environment facilitates such effective monitoring, when litigation risk is lower, and when clients are financially distressed. Finally, we show that politically connected clients report higher discretionary accruals, demonstrating that auditors’ incremental effort at these clients is not sufficient to offset the risk associated with political directors. Our findings are consistent with corporate political connectedness impairing financial reporting quality. Although poor accounting quality may not affect the financing costs of politically connected firms ([22]), it imposes other substantial costs. As such, our study contributes to the literature by documenting an important cost of political connections.

En Colombia se cumple aquello de que “Dios los cría y ellos se juntan”. Hay empresas de auditoría que tienen influencia en el Gobierno, por lo que buscan y obtienen clientes con similares vinculaciones. La designación de revisores fiscales a partir del cabildeo es una forma de corrupción, pues se coarta la libre competencia.

Las invitaciones excluyen a muchos, los pliegos favorecen a alguno o algunos. Aparecen contratos con otras firmas de la red, de manera que el análisis de la rentabilidad es diferente para un contrato que para el conjunto.

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Los acuerdos entre el Gobierno y los auditores se hacen oralmente, dificultando su prueba. Aunque son secretos a voces, los funcionarios no están dispuestos a declarar sobre ellos.

Es común oír de funcionarios del Gobierno que la contabilidad y los contadores estorban, impidiendo ejecutar ciertas políticas. En muchas ocasiones, mediante normas jurídicas se llevan por delante los estándares contables.

Sabemos que la corrupción del Estado se instrumenta con particulares. Es probable que estos tengan revisor fiscal, quienes tendrían que dar cumplimiento a la Ley 190 de 1995. No tenemos noticia de que con base en estas disposiciones se haya sancionado a algún revisor fiscal.

El Gobierno, nacional, departamental o municipal, es un cliente muy atractivo por el volumen de sus actividades. Generalmente sus pagos se producen de manera tardía. En más de una ocasión las situaciones esperadas cambian por decisiones administrativas. En fin, además del riesgo por la presencia de relaciones políticas, hay otros factores que aumentan los honorarios de auditoría, lo cual repercute en la eficiencia estatal. Su control, supervisión y auditoría suelen ser excesivos.

Hernando Bermúdez Gómez
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones.
Número 6219, noviembre 8 de 2021.


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