Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En Colombia, la propuesta destinaría cerca de 40,5 billones de pesos (4 % del PIB) para beneficiar a cerca de 34,5 millones de colombianos afectados por el COVID-19.
Para la Cepal, el ingreso básico de emergencia se debe implementar inmediatamente, con perspectivas de permanecer durante más tiempo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe –Cepal– propuso que los Gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida.
En el largo plazo, el organismo reitera que el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población vulnerable a caer en ella, lo que permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal.La propuesta se hizo el 12 de mayo de 2020, durante la presentación del informe especial El desafío social en tiempos del COVID-19, el cual entrega una estimación del impacto social y los desafíos relacionados que la actual crisis dejaría para los países de América Latina y el Caribe en el corto, mediano y largo plazo.
Desde el punto de vista de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la entidad, el ingreso básico de emergencia –IBE–, como se ha denominado a la propuesta, «se debe implementar inmediatamente, con perspectivas de permanecer en el tiempo de acuerdo con la situación de cada país. Esto es especialmente relevante dado que la superación de la pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con el coronavirus, lo que dificultará la reactivación económica y productiva».
La entidad explica que, las transferencias serían para cada persona por un equivalente a una línea de pobreza extrema, que representa el costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos, o a una línea de pobreza, que permite cubrir también otras necesidades básicas.
No obstante, se considera que su duración mínima debería ser de tres meses, aunque seis meses o un año daría una mejor protección a la población.
Ahora bien, una transferencia por un monto equivalente a una línea de pobreza durante seis meses demandaría un gasto adicional del 2,1 % del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año.
En nuestro país, un grupo de 50 senadores ya presentaron una propuesta de renta básica para mitigar los efectos de la contingencia. La propuesta consiste en destinar cerca de 40,5 billones de pesos (4 % del PIB) para beneficiar a cerca de 34,5 millones de colombianos afectados por el COVID-19.
Varios de los senadores proponentes manifestaron un parte de positivismo, ya que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, acogió la propuesta y se estaría discutiendo.
La propuesta busca que desde el Gobierno se destinen los recursos para entregarles un salario mínimo con todas las prestaciones sociales ($1.409.000) a las personas afectadas por el COVID-19, que son alrededor de 3,5 millones.
Asimismo, se contempla entregar un salario mínimo a 9,5 millones de hogares pobres del país, medida con la cual se llegaría a una cobertura de cerca de 31 millones de colombianos.
El informe de la Cepal explica que desde el 13 de marzo los Gobiernos de la región comenzaron a anunciar medidas de protección social como respuesta a la caída abrupta de los ingresos de los trabajadores y de los hogares.
Estas han incluido:
A la fecha, en total se han aplicado 126 medidas de protección social en 29 países para la población pobre y vulnerable. Entre ellas, las transferencias monetarias y de alimentos alcanzan a 90,5 millones de hogares, es decir, alrededor del 58 % de la población regional.
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