Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Entre las razones avaladas para el retiro de cesantías se encuentra la inversión en mejoras locativas de bienes inmuebles. Sin embargo, esta tiene ciertas condiciones y no puede entenderse como la libertad de invertir en cualquier vivienda o edificar en cualquier terreno.
Las cesantías son un ahorro forzoso para los empleados vinculados mediante contrato laboral directo con una empresa; estas se van causando cada día de trabajo, y el empleador, para los trabajadores vinculados con posterioridad a la Ley 50 de 1990, debe conservarlas y administrarlas durante todo el año para finalmente realizar la consignación a un fondo de cesantías como máximo el 14 de febrero de cada año, o en su defecto, entregárselas al trabajador ante una terminación del contrato laboral.
Este ahorro también puede ser utilizado por el trabajador para otros fines que la ley ha autorizado, tales como la inversión en vivienda o estudio. Sin embargo, esta vez nos concentraremos en los requisitos del retiro parcial para efectos de la inversión en vivienda.
Como lo dijimos, la inversión en vivienda es uno de los casos autorizados para efectos de llevar a cabo retiros parciales de las cesantías. Dicha inversión podrá ser en:
Sin embargo, la inversión en vivienda no puede ser sobre cualquiera, pues de acuerdo con lo indicado en el artículo 2 del Decreto 2076 de 1967, los trabajadores podrán solicitar el retiro de este ahorro siempre y cuando la unidad sujeta a inversión pertenezca al trabajador y/o a su cónyuge. Esto quiere decir que, cuando la solicitud sea para la construcción de la unidad de vivienda, el terreno debe pertenecer bien sea al titular de las cesantías o a su cónyuge. De igual manera, si se trata de remodelaciones o el pago de impuestos y gravámenes, la vivienda en cuestión debe pertenecer a una de las dos personas ya mencionadas.
Siguiendo las indicaciones del artículo 3 del Decreto 2076 de 1967, es sobre el empleador que recae la obligación de vigilar que el trabajador vaya a utilizar legalmente sus cesantías. Sin embargo, mediante el Concepto 162739 del 8 de junio de 2011, el Ministerio de Protección Social precisó que, dada la imposibilidad del empleador para verificar al detalle que el solicitante efectivamente invirtió los recursos en la razón que argumentó, su responsabilidad se limitará a garantizar que el trabajador entregue los documentos idóneos que demuestren los rubros en los que va a invertir tales dineros, pero sin llevar tal obligación a extremos como lo sería el establecimiento del requisito de testeo de firmas para verificar la autenticidad de los documentos. Esto último, dado que, para el ministerio, no puede perderse de vista que las costumbres han cambiado desde 1967, cuando se expidió la norma y, sobre todo, que actualmente se parte del principio constitucional de la buena fe.
En síntesis, el empleador podrá verificar que el trabajador presente los documentos relacionados con la vivienda, tales como son una promesa de compraventa de casa o lote, un contrato de obra civil para la reforma, facturas de un almacén de materiales de construcción, recibos de impuestos o certificado de tradición para verificar un embargo, entre otros. Sin embargo, el empleador nunca tendrá la obligación de confirmar que el solicitante hizo la inversión para la cual presentó las pruebas.
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