Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Revisoría Fiscal es una figura de control, que extiende su responsabilidad a la garantía del accionar legal y del cumplimiento de la organización en razón de la protección del detrimento patrimonial; por tanto, la evaluación del sistema de control interno es clave para la ejecución de dicha labor.
La figura de Revisoría Fiscal fue creada en el país con el ánimo de establecerse como un ente de control, que de acuerdo con las responsabilidades asignadas por medio de la Ley 43 de 1990 y el Código de Comercio, se encuentra al servicio del Estado y en la protección de los intereses de los terceros, en garantía de que la organización fiscalizada cumple con todas su obligaciones administrativas, laborales, fiscales, financieras, entre tanto, toda vez que al Estado se le imposibilita la vigilancia de cada una de las empresas, dicha figura se ha determinado como la responsable de ser garante y certificar que los informes emitidos por las organizaciones responden a la realidad de la misma y que dichas lógicas operativas y administrativas, bajo las que funciona la empresa, están enmarcadas en términos de idoneidad, y que son fidedignas.
Por lo anterior resulta bastante contradictorio y confuso que se generen escándalos empresariales, en los que se logra determinar la actuación ilegal, ilegítima y mal intencionada de algunas empresas que terminaban por afectar a los terceros y hasta el propio Estado como lo es el caso de Interbolsa, DMG, Saludcoop, el de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, por citar algunos ejemplos; y es preciso resaltar que en todas las organizaciones nombradas se tenía a un profesional ejerciendo funciones de Revisoría Fiscal y, por tanto, los estados financieros se encontraban dictaminados bajo la Fe Pública otorgada por dichos profesionales.
Por lo anterior, no resulta un secreto que las pérdidas sufridas por algunas empresas nacionales y multinacionales y afectaciones causadas al propio Estado han sido originadas por delitos como: malversación de activos, maquillaje de balances, autopréstamos, sobornos, quiebras o insolvencias planeadas, lavado de activos, e inclusive financiación del terrorismo.
Es importante señalar que el revisor fiscal no solo se puede limitar a dictaminar o fiscalizar la información emitida por la entidad en los estados financieros, sino que es responsable por el compromiso social de la organización y por los efectos que esta pueda tener sobre terceros.
Si bien los estados financieros constituyen una radiografía de la situación global de la empresa, que permite la expresión en términos financieros, la organización tiene efectos y un campo de acción mucho más amplio, que en ocasiones puede estar omitido de los términos financieros; por tanto, no se debe desconocer la responsabilidad del revisor fiscal frente a los aspectos administrativos y de gestión de la empresa.
Por todo lo anterior, en el ejercicio de su labor el revisor fiscal está obligado a ejercer acciones de fiscalización y cumplimiento sobre el sistema de control interno del ente, de modo tal que se pueda determinar el alcance y la profundidad de los procedimientos ejecutados por el profesional para el cumplimiento de su labor.
La responsabilidad del revisor frente a la evaluación del control se encuentra reglamentada en el Código de Comercio, en el numeral 3 del artículo 209, en el cual se indica que el revisor fiscal deberá expresar en su informe, si existen en la empresa las “adecuadas medidas de control”. Hay que considerar entonces que en la misma norma no se precisa qué medidas son las relevantes o importantes, y no considera hasta dónde deberán ser parte de la evaluación del profesional.
La evaluación del control interno permite los criterios necesarios para establecer el cumplimiento de la empresa con las responsabilidades legales a nivel financiero, administrativo y operativo, de modo tal que la evidencia que se obtenga para configurar los criterios que aprueban dictaminar o certificar los estados financieros, para los casos en los que un revisor evada la responsabilidad frente a la evaluación del sistema de control interno, se puede entender como la carencia de evidencia suficiente para la emisión de la certificación requerida y, por tanto, se estaría incumpliendo con la responsabilidad frente a la obligación de la empresa, puesto que no se puede evaluar una realidad que se desconoce, no obstante, el desconocimiento de los hechos, que pueden constituirse como actos incorrectos, imprecisos, fraudulentos o ilegales, no es un argumento para evadir la responsabilidad del profesional frente a los efectos de tales acciones.
Lo anterior no desconoce la dependencia de juicio profesional de los revisores fiscales, debido al vínculo laboral que se establece con la entidad fiscalizada, puesto que se complejiza la posibilidad de que el ejercicio del profesional tendrá un accionar objetivo en la medida en que uno de los objetivos que pueden mediar es la expectativa por la contratación para los próximos períodos, por tanto limitan su accionar e inhiben sus apreciaciones.
El objetivo de que el revisor fiscal ejecute el proceso de evaluación sobre el sistema de control interno, es determinar si la estructura es útil para identificar conductas empresariales relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones, tales como: pago oportuno de sus obligaciones salariales, fiscales, sumado a ello evaluar si este mismo se constituye como una herramienta para impedir la utilización de la empresa en actos de soborno, corrupción dentro y fuera de la organización, lavado de dinero, esquemas de producción no ajustados a lineamientos legales, acciones de competencia desleal y actos de deshonestidad administrativa en la elaboración y presentación de presupuestos, informes financieros y de costos, así como de los estados financieros.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
