Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
RITA es el nombre de la más reciente estrategia del Gobierno para combatir la corrupción.
Expertos en el tema, como David Ortiz, opinan que la estructura del control fiscal en Colombia es compleja y particular.
Aníbal Zárate asegura que combatir la corrupción al interior de las entidades del Estado requiere de varios frentes.
El 18 de noviembre de 2019 la Vicepresidencia de la República puso en marcha la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción –RITA–, cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción y acercar a los ciudadanos a las instituciones públicas a través de canales de participación ciudadana y transparencia.
“Tenemos que lograr una sociedad cero tolerante con los corruptos y lograr el compromiso de todos los colombianos de tener unos niveles éticos más elevados. Ser corrupto es no pagar peajes, es no pagar impuestos, es no dar factura a los clientes, es presentar incapacidades médicas falsas”, dijo la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez.
RITA es un canal confiable de denuncias que busca fomentar la cultura de la legalidad, integridad y transparencia diseñada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
“Todas las entidades del Gobierno han designado un oficial de transparencia, quien estará encargado de recibir información y todas las denuncias sobre posibles actos de corrupción al interior de cualquiera de estas instituciones. Ellos estarán trabajando muy de cerca con las oficinas de control interno, que también conforman esta red, para vigilar y garantizar que los recursos estén bien cuidados”, manifestó.
Las acciones del Gobierno nacional en la lucha contra la corrupción durante estos 15 meses, dice la vicepresidente, van desde diseñar herramientas y políticas públicas, hasta lograr interacciones a través de la cooperación interinstitucional e internacional, siendo el acto de prevenir la primera bandera para frenar de manera definitiva las prácticas corruptas que afectan el manejo del Estado y lesionan a la sociedad.
David Ortiz, PhD y magíster en economía y docente de la Universidad Externado afirma que la estructura del control fiscal en Colombia es compleja y particular.
“Además de la Contraloría General de la República, existen 63 contralorías territoriales, sistema que ha fracasado por varias razones”, describe en entrevista con Actualícese.
Ortiz indica que muchas de estas contralorías no tienen la capacidad técnica ni los recursos para hacer una adecuada vigilancia de los recursos públicos, o para llevar a cabo procesos de responsabilidad fiscal.
“En algunos casos no es claro quién debe vigilar determinados recursos. Por ejemplo, el programa de alimentación escolar –PAE– ha sido cofinanciado entre los entes territoriales y la nación, y en muchos casos no ha sido claro quién tiene que vigilar esos recursos”, dice él.
Según Transparencia por Colombia, dice Ortiz, las contralorías departamentales, en general, tienen mayores riesgos de corrupción que las gobernaciones, con lo cual la garantía de control efectivo de los recursos públicos es nula.
Para Aníbal Rafael Zárate Pérez, director de investigaciones y editor de la revista digital de derecho administrativo de la Universidad Externado de Colombia, combatir la corrupción al interior de las entidades del Estado requiere de varios frentes.
Un primer frente es la aplicación eficaz de las sanciones existentes, para que estas cumplan su fin preventivo y disuadan la realización de prácticas corruptas al interior de las entidades del Estado.
«Para esto hay que comenzar a blindar internamente a los mismos órganos de control y fortalecer el sistema judicial. Hechos como el de la captura del fiscal anticorrupción por actos de corrupción permiten cuestionarnos acerca de la idoneidad de los funcionarios encargados de investigar casos relacionados con los delitos de corrupción que se detectan», afirma en diálogo con Actualícese.
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