Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Hace un año, cuando se reportaron los primeros casos de COVID-19 en Colombia, se adoptó el cierre de guarderías y colegios como medida para contener la propagación del virus, al igual que en la mayoría de los países.
La evidencia más reciente, sin embargo, sugiere que el riesgo de contagio y propagación en ambientes educativos es más bajo de lo que se pensó inicialmente, e incluso menor respecto al de otras actividades, mientras que el costo económico y social de mantener cerrados los centros educativos es monumental, tanto en el corto como en el largo plazo. En esto no hay que equivocarse.
Por un lado, los daños del cierre prolongado son particularmente graves para los más vulnerables, quienes no cuentan con materiales académicos adecuados, computadores o acceso a Internet para continuar con sus clases. Además, los cierres privan a muchos del acceso a servicios de alimentación, orientación e incluso de la protección que brindan los centros educativos contra el maltrato y la violencia.
Así mismo, según una encuesta del Observatorio Colombiano de Neurociencias, 88 % de los niños y niñas muestran signos de deterioro en su salud mental y comportamiento –principalmente aquellos entre los 4 y los 12 años–, mientras que el 42 % han visto afectadas sus habilidades académicas.
A lo anterior se suma el aumento de la deserción académica. Dada la situación económica del país, lograr que quienes salieron del sistema regresen al colegio será un gran desafío. Esto pone en peligro la continuidad de los ciclos de aprendizaje y expone a los niños, niñas y jóvenes a situaciones de alta vulnerabilidad como el trabajo infantil.
Pese a este panorama desalentador, datos del Observatorio a la Gestión Educativa ExE revelan que solo el 11,6 %, de cerca de los 9,23 millones de niños, niñas y jóvenes matriculados en 2021, está asistiendo a clases bajo alternancia, y solo 20 % de los 8.880 establecimientos educativos oficiales están abiertos.
Todos: autoridades, profesores y padres de familia debemos hacer un esfuerzo real y tangible para que la generación que se está formando pueda regresar de forma segura a los colegios y ejercer así su derecho a la educación y al desarrollo integral, tal y como está consagrado en la Constitución. Para ello, es urgente acelerar los planes de adecuación de la infraestructura en colegios, acelerar la vacunación para los educadores y adelantar simultáneamente planes de recuperación de los aprendizajes perdidos. De lo contrario, esta situación se traducirá en mayores niveles de desigualdad, pobreza y limitada movilidad social.
El bienestar de los niños y niñas debe ser la prioridad de la sociedad.
Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad
Economista y Magister en Economía de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como presidente del Consejo Privado de Competitividad
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
