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Para Carlos Eduardo Sepúlveda e Iván Daniel Jaramillo aumentar los costos salariales según la propuesta del salario mínimo extraordinario, impactaría la informalidad, duración de los empleos y la cifra de contratados. Puestos de trabajo deben considerar protección social con condiciones dignas y justas.
Para Carlos Eduardo Sepúlveda, decano de economía de la Universidad del Rosario, la propuesta de aumentar el salario mínimo de forma extraordinaria es sinónimo de incrementar la informalidad y de disminuir la calidad de cargos. «La informalidad y disminución de la calidad de los puestos puede ser una consecuencia del aumento extraordinario del salario mínimo», afirma.
Carlos Eduardo Sepúlveda, decano de economía de la Universidad del Rosario.
Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, por su parte dice que esta propuesta merece una reflexión por parte de los sindicatos, empleadores y Gobierno, «y así encontrar la mejor fórmula de corrección de las deficiencias en el incremento del salario mínimo evidenciadas por el Consejo de Estado en el incremento del año 2016 por debajo del IPC, lo que significó detrimento en el poder adquisitivo de los trabajadores».
Sepúlveda recalca que varios estudios han evaluado el impacto de los costos salariales en la informalidad, en la duración de los empleos y en el número de personas contratadas, y está de acuerdo con el punto de vista del Banco de la República cuando la entidad afirmó que el aumento del 1 % en el costo de la nómina por el incremento del mínimo podría costar 18.000 puestos de trabajo en tres meses. «Aumentar el costo tendría un impacto negativo en las variables dichas anteriormente», dice.
Jaramillo, docente y coordinador del área de derecho del trabajo y seguridad social de la Universidad del Rosario, explica que la generación de empleo se deriva del crecimiento económico y de los incentivos a la contratación laboral. «Los puestos de trabajo que se pretenden crear a través de esta propuesta deben considerar el respeto de los derechos en el trabajo, la protección social y el diálogo social; condiciones dignas y justas», argumenta.
Frente a la propuesta, Sepúlveda dice que los jóvenes y las personas con menor nivel de educación son quienes recibirían el mayor impacto en desempleo y en la calidad del trabajo. «Al no tener la formación necesaria para competir actualmente son los primeros que quedarían desplazados».
Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.
Por su parte, Jaramillo dice que el desempleo juvenil es un problema mundial del sistema de relaciones laborales ligado a los problemas de conexión entre el sistema de formación y el mundo laboral. «Los estímulos al primer empleo no deben derivar del desmonte de garantías laborales sino de estímulos a la contratación laboral y métodos de articulación entre la formación para el trabajo y el ingreso al sistema de relaciones laborales», recalca.
Sobre las afirmaciones de la OCDE que ha dicho que el salario mínimo en Colombia es alto, el decano de economía de la Universidad del Rosario dice que el término alto se refiere a los ingresos medios de la población. «Teniendo en cuenta lo anterior, efectivamente el salario mínimo relativo a los ingresos medios es más alto en Colombia que en los otros países de la OCDE», recalca.
Desde la perspectiva de Jaramillo, el salario mínimo en Colombia es en realidad el salario promedio que evidencia la ausencia de ajustes sectoriales por medio de instrumentos como la negociación colectiva. «En estos términos, es deseable habilitar espacios de negociación colectiva sectorial para establecer salarios mínimos superiores al legal por sectores a través de métodos de regulación que derivan del diálogo social para la incorporación y realización de estándares laborales superiores al piso legal», aclara.
Sepúlveda concluye diciendo que la propuesta de aumentar el salario mínimo es una medida técnica compleja desde cualquier perspectiva económica. Aclara Jaramillo, que para determinar el salario mínimo la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales debe intervenir, y en este sentido el proyecto de ley presenta inconvenientes jurídicos para su materialización.
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