Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El impuesto de registro es de carácter departamental, su hecho generador es la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales por parte de particulares que deban registrarse en las oficinas de registros públicos o en las cámaras de comercio. Los lineamientos de este impuesto se encuentran consagrados en los artículos 226 a 235 de la Ley 223 de 1995. Para conocer su base gravable y tarifas puede consultar nuestro concepto tributario titulado Definición de impuesto de registro.
El artículo 231 de la mencionada ley establece los términos para realizar dicho registro cuando la normatividad vigente no haya señalado algunos plazos específicos. No cumplir con los términos generará intereses moratorios conforme a lo estipulado en el Estatuto Tributario. Por su parte, el artículo 235 de la mencionada ley señala que el procedimiento para la aplicación del régimen sancionatorio referente a este impuesto es el mismo que se encuentra estipulado en el Estatuto Tributario.
Teniendo en cuenta lo descrito hasta aquí, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su Concepto 039991 de noviembre 23 de 2017 trae a colación lo expresado en la Sentencia C-231 de 2003, en la cual se manifiesta que el retardo en el pago puede constituir un fundamento sólido para imponer la sanción, sin embargo, puede presentarse la situación de que el retardo no sea imputable al deudor, sino que se deba a una causa catalogable como fuerza mayor o caso fortuito; circunstancia que deberá ser demostrada por el deudor y analizada por la administración, que en este caso es la administración departamental.
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