Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Según el Modelo Pensional de Asofondos –MPA–, solo el 27 % de la población colombiana en edad de jubilación tendrá una pensión en el 2055. De este porcentaje el 85 % correspondería a pensiones por el régimen de ahorro individual con solidaridad –RAIS–, y el 15 % al régimen de prima media –RPM–.
En la investigación Un modelo para evaluar el sistema pensional colombiano, elaborado por Asofondos y la Universidad de Los Andes, las entidades elaboraron una serie de simulaciones alrededor del sistema pensional nacional, que «aunque los resultados no prevén una bomba fiscal, sí será a todas luces una bomba social, donde de los 14 millones de adultos mayores que existirán en el 2055, más de 8 millones no tendrán ingreso vitalicio alguno para su vejez».
La anterior situación, según la investigación, traerá consigo una alta tasa de pobreza para los adultos mayores a perpetuidad. Además, de mantenerse las condiciones actuales, el déficit del régimen público de pensiones tenderá a caer, pero este valor seguirá destinado para cubrir los subsidios de aquellos trabajadores de mayores ingresos y con mayores niveles de formalidad, en vez de enfocarlos en aquellos que más lo necesitan, aquellos que nunca cotizaron o que lo hicieron por muy pocos años.
Con todo lo anteriormente enunciado se presenta un escenario en el que hay que pensar en una reforma, con la cual se analice todo el sistema de protección a la vejez, no solamente el sistema general de pensiones –SGP–. Se debe crear un sistema integral para la vejez, estableciendo mejores condiciones para la población vulnerable, donde sean ellos los receptores de los subsidios públicos, y donde quienes hayan ahorrado en el sistema general de pensiones destinen esos recursos para una efectiva protección en la vejez.
«Todo esto debe estar acompañado por un sistema contributivo sólido y unificado, que no demande recursos públicos, que elimine figuras innecesarias como los traslados y, más importante que todo, que esté basado en el ahorro, ya sea en cuentas individuales o en un fondo común como el Fondo de Garantía de Pensión Mínima –FGPM–», indica la investigación.
La investigación presenta el modelo pensional de Asofondos –MPA– y sus principales resultados. Inicialmente, se hace una revisión de las variables demográficas, macroeconómicas y del sistema pensional que utiliza el modelo y cada uno de los supuestos que se hacen sobre estas. Luego, se explica en detalle cada una de las fases que componen el modelo, para terminar con las simulaciones de las variables más relevantes del sistema pensional colombiano en caso de no cambiar la normativa vigente.
Con esto se encuentra que, dada la actual normatividad y regulación, solo el 27 % de la población en edad de jubilación tendrá una pensión en el año 2055. De este porcentaje, el 85 % correspondería a pensiones por el régimen de ahorro individual con solidaridad –RAIS–, incluyendo las obtenidas por el fondo de garantía de pensión mínima –FGPM–, y el 15 % restante correspondería al régimen de prima media –RPM–.
«Fue a inicios de la década de los noventa que se identificó la necesidad inmediata de realizar un ajuste al sistema de seguridad social, dentro del cual se enmarca el SGP en Colombia. El objetivo más importante fue asegurar la viabilidad del sistema en el mediano y largo plazo, todo sin afectar a un grupo de la población que estaba cerca de pensionarse o que cumpliera ciertos criterios de cotización (esto se conoció como el régimen de transición). Así, con la Ley 100 de 1993 se dio vida al SGP, tal como lo conocemos hoy en día», describe la investigación.
Sin embargo, como ha ocurrido en un sinnúmero de reformas, el factor político empezó a influir más que los elementos técnicos que apoyaban la versión inicial y, como resultado de esa puja, se dio origen a un sistema donde se crea el RAIS, pero se mantiene el RPM, generando una competencia entre regímenes sin beneficio alguno para el país ni para los trabajadores. «Esta competencia indeseada entre regímenes ha sido la base para el surgimiento de procesos complejos como los traslados, la emisión de bonos pensionales y, en general, el arbitraje entre regímenes con condiciones muy diferentes», critica la investigación.
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