Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El revisor fiscal y consultor internacional Luis Alberto Penagos, afirma que el fraude se presenta por tres situaciones como son necesidad, oportunidad y motivación. Dice que los funcionarios públicos, junto con los políticos, convirtieron en un fortín político toda actividad que dependa de un sueldo y contratos con el Estado.
Luis Alberto Penagos, consultor internacional, auditing investigative forensis y miembro ACAMS, ALIFC, afirma que Colombia no tiene auditores financieros. “Recalco esto por una muy sencilla razón: ni siquiera la Superfinanciera ha podido determinar el cuantioso fraude de la inversionista Interbolsa. Lo que tiene la Superfinanciera es una auditoría que evalúa procedimientos, hace controles, pero no los mejora en el día a día. No hace la debida diligencia para hacerle seguimiento a las operaciones sospechosas o inusuales”, dice.
Desde su punto de vista, el fraude se presenta por tres situaciones específicas dadas en el famoso triángulo del fraude de Pascal: por necesidad, oportunidad y motivación. “También hay que agregarle que en los países latinos ese flagelo lo trae la sociedad en sus genes; desde pequeños estamos condicionados al hurto, al fraude. En un supermercado, por ejemplo, los niños ven cómo los padres consumen alimentos que después no pagan, y cuando uno de niño lo hace, los padres tratan de reprenderlo, ¿pero de dónde viene el ejemplo?”, cuestiona.
Penagos es tajante al afirmar que está comprobado que los funcionarios públicos, junto con los políticos, convirtieron en un fortín político toda actividad que dependa de un sueldo del Estado, o de contratos o subvenciones del Gobierno; donde haya un “contratico” o un “puestico” que medio huela a política, allí aparecen los corruptos.
“Casi que se ha conformado un cartel de la corrupción generalizada; basta con darle una mirada a mi artículo sobre el por qué Colombia en los últimos 10 años no ha subido de un 3,7 de calificación en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. Por eso es complicado que el Gobierno anuncie medidas contra ese flagelo; hay que empezar por reformar la Constitución en su artículo 247, para que no se siga haciendo esa figura, por demás, siniestra de la auditoría posterior y selectiva”, asegura Penagos.
“¿A quién le importa hacer auditoría después que ya fenecieron los contratos y se entregaron nuestros recursos?” interroga. Como segunda medida, Penagos dice que se debe modificar el Código Penal castigando con cárcel sin beneficios de ninguna clase a todo aquel que se apodere de un solo peso de los dineros del erario y aplicarles la pena de muerte política.
Finalmente, Penagos toca la corrupción en el sector privado. “Todos sabemos que en el sector privado se tienen fuertes medidas de control interno y por consiguiente los CEO están más seguros; pero en este mundo de tantas turbulencias económicas mi mejor consejo es que se blinden contra todos los riesgos a través del estudio y análisis de los riesgos que se asumen cuando se ejerce cualquier actividad y máxime cuando se ejercen cargos de tanta responsabilidad”, concluye.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
