Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Dialogamos con Luis Álvaro Pardo, Economista y Director del centro de estudios mineros Colombia Punto Medio, quien también es miembro de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia, sobre el impacto de la Reforma Tributaria. Afirma que las reformas tributarias del Gobierno Santos se han orientado a atender necesidades coyunturales de financiamiento público y no en corregir falencias estructurales.
Economista y periodista con especializaciones en Derecho Minero – Energético, Derecho de las Empresas y Solución de Conflictos socio-ambientales. Exdirector Técnico de Minas del Ministerio de Minas y Energía, y ex asesor de empresas del sector de minas e hidrocarburos. Investigador de la Red Iberoamérica para la Prevención y Gestión de Conflictos Mineros, analista de Razón Pública y ex Asesor de la Contraloría General de la República, Luis Álvaro Pardo comparte lo bueno y lo malo de la Reforma Tributaria.
La reforma tributaria, Ley 1739 de 2014, no modificó ninguno de los beneficios tributarios de que gozan quienes concentran la mayor parte de la riqueza del país y tampoco adicionó cargas impositivas significativas que hagan pensar que salieron perjudicados con la nueva normativa. La nueva reforma prorroga impuestos que ya se venían pagando, como el gravamen a los movimientos financieros hasta el 2021 y el impuesto de renta para la equidad CREE –; cambió el nombre al impuesto al patrimonio por el impuesto a la riqueza y aprobó una sobretasa al impuesto para la equidad CREE.
En su lugar, esta reforma improvisada mantuvo las cargas tributarias que impuso la reforma del 2012 a las rentas de trabajo y dejó intactos los privilegios a las rentas de capital que se expresan en el estatuto tributario en una larga de lista de deducciones, exenciones y descuentos, que reducen las tasas efectivas de tributación de los sectores con mayor capacidad económica.
Las estadísticas preliminares señalan que las proyecciones de algunas fuentes de ingreso no se cumplieron, pero habrá que esperar a las cifras definitivas para llegar a conclusiones contundentes. Pero era claro que ingresos derivados de la explotación de energéticos iban a caer; por ejemplo, los precios del carbón empezaron a descender desde el 2011 y los del petróleo desde el primer semestre del 2014, y que esa situación iba a generar un desequilibrio fiscal.
Se mantuvo el silencio, hasta el segundo semestre del 2014, para improvisar una nueva reforma tributaria. Creo que el Gobierno Nacional ocultó información relevante por razones electorales sobre la delicada situación fiscal y que apenas se hizo pública una vez Santos juró para su segundo mandato.
Los ingresos por Inversión Extranjera Directa (IED), empezaron a descender como consecuencia de la debilidad de la demanda internacional por materia prima y sus cotizaciones en bolsa desde el 2011. De manera que las decisiones de inversión están más atadas a variables internacionales que a las tarifas locales de tributación que, por el contrario, favorecen a los inversionistas nacionales y extranjeros. Un ejemplo de ello es la declaración de zona franca a las áreas costa afuera donde se desarrollen actividades petroleras y que reducen la tasa de tributación nominal del 34% al 15% . La tasa efectiva será también menor como consecuencia de los beneficios tributarios que erosionan la base gravable y reducen el pago de impuestos en los países donde se originan sus rentas.
Los ingresos esperados por el impuesto al patrimonio en el 2014 eran de $4,2 billones, mientras la proyección de recaudo para el impuesto a la riqueza es de $4,4 billones en el 2015. Quiere esto decir que el problema es de semántica y no fiscal. La diferencia entre estos dos impuestos es que el de la riqueza amplia la población de contribuyentes a empresas con contratos de estabilidad jurídica y quizá alcance a incluir a algunas empresas medianas con patrimonio superior a los $1.000 millones. Debe destacarse la progresividad del impuesto a la riqueza y la disminución gradual de la tasa marginal de un impuesto que rige para los años 2015 a 2017.
Que el Ejecutivo y el Congreso se hubiesen negado a discutir y eliminar los privilegios tributarios a personas jurídicas, especialmente de los sectores de minería, turismo y financiero, que habrían permitido elevar los ingresos fiscales y reducir las cargas a los trabajadores e independientes, sacrificados con la reforma tributaria del 2012.
Aunque por el momento todos son anuncios, es importante la convocatoria de una comisión de expertos para avanzar en una reforma estructural al régimen tributario, poner freno a los excesivos privilegios tributarios, a las normas laxas que facilitan la evasión o elusión tributaria y a evitar el desangre por la vía de las donaciones a organizaciones con ánimo de lucro (fundaciones y gremios económicos).
Debe avanzar en la eliminación de excesivas deducciones y exenciones aprobadas sin previo análisis, sin seguimiento ni evaluación de sus resultados; en la necesidad de reactivar o establecer impuestos que alegremente han sido eliminados en el país por razones extra-económicas, como el impuestos a los dividendos, a la remesa de utilidades y a las sobre-ganancias de las compañías del sector minero y petrolero por alzas extraordinarias de precios en el mercado internacional.
Importante el anuncio sobre la penalización (por enésima vez), por la omisión de activos en el exterior y pasivos inexistentes; el impuesto para la normalización tributaria (una especie de amnistía para evasores con activos en el exterior) que deberá pasar por el análisis de la Corte Constitucional; la creación de un formulario para que los contribuyentes reporten sus activos en el exterior, y el informe de los costos de los beneficios y exenciones tributarias que debe presentar la autoridad tributaria cada año, pero, repito el alcance de estos anuncios se puede morigerar en el tiempo y quedarse en nada.
Los empresarios preferían un mayor impuesto a las utilidades y no el impuesto a la riqueza. Pero hasta los tributaristas principiantes saben que no hay una variable más manipulable que las utilidades de las empresas. ¿Cómo se explica que importantes empresas arrojen perdidas contables cada año? Por tanto, el Gobierno Nacional tenía más certeza en el recaudo por la vía del impuesto a la riqueza que por gravar las utilidades. Adicionalmente, me parece que no tiene presentación que el Gobierno permita la excesiva intromisión del sector privado en estas materias, sus estudios debían ser contundentes y la base de las propuestas…desafortunadamente los estudios no existen.
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