Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El saliente ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, dijo que el Gobierno no está pensado en proponer o establecer nuevos impuestos a la tierra. Para él, lo que hay que hacer es cobrar bien los existentes.
Restrepo dijo que uno de los propósitos del Gobierno es la actualización del catastro rural que tiene un atraso superior al 50%. Al actualizarlo, se actualizan también, razonablemente, las bases del impuesto predial, «Esa es la mejor manera para inducir una mejor utilización de la tierra», dijo el Ministro a los medios.
Uno de los temas que le ‘saca canas’ al Gobierno es el de restitución de tierras, el cual depende de la capacidad de las autoridades para aclarar la validez de títulos de 856.000 hectáreas cuyos legítimos dueños no han sido reconocidos.
El problema va de la mano con el robo de tierras en áreas urbanas que surje como una amenaza para los programas de vivienda de interés social.
La falsificación de escrituras y la doble inscripción de folios de matrículas, entre otros problemas, siguen siendo maromas de desalojo de valiosos terrenos con un gran futuro urbanístico.
Una de las estrategias utilizadas es cuando los usurpadores ven un terreno que tenga un futuro comercial. Con la ayuda de algún funcionario de una notaría preparan una escritura con datos apócrifos y fechas remotas. Luego la meten en los archivos del círculo notarial y le asignan un número de orden consecutivo correspondiente al año de la supuesta compra de derechos herenciales.
Otra estrategia, como publica Dinero, los tramposos buscan al empleado de un juzgado o a un tinterillo para que redacte una sentencia de prescripción adquisitiva del dominio del terreno y le dé apariencia de legalidad a las supuestas compras mencionadas en la escritura. Usan formatos y sellos de juzgados.
El Gobierno tiene el plan de entregar tierra a 250.000 campesinos que no la tienen, una decisión tomada en el primer punto de la agenda de negociación con las FARC. La idea es que la entrega se haga de aquí a diez años.
Como lo publica El Tiempo, lo anterior implica cambios en la propiedad del campo, si se considera el cálculo de 3 millones de hectáreas que están en manos ilegítimas y que llegarán al Estado para que las reparta entre los campesinos. Esa cantidad de tierra cambiará de dueño.
Los cambios también serán drásticos si se piensa en la actualización del catastro rural, que encarecerá los impuestos de la tierra que no tenga un uso adecuado. Según la ONU, el promedio del predial en el campo es de 3 pesos por cada 1.000 que cuesta la propiedad, cuando el potencial es de 16 por 1.000.
Hace 41 años que no se realiza un censo agropecuario en nuestro país, lo que se convierte en un tema muy importante para el posconflicto y para la toma de decisiones en materia de políticas públicas y asignación de recursos.
El censo agropecuario, con un costo de 280 mil millones de pesos ya asegurados presupuestalmente, se realizará entre este y el próximo año. El ex ministro Restrepo ha dicho que con o sin acuerdo de paz en La Habana, el desarrollo rural debe ocupar un lugar preeminente en las políticas de Estado.
«Para que las gentes que viven en la ruralidad puedan tener una mejor calidad de vida y se pueda reducir el tremendo bache entre el campo y la ciudad, el desarrollo rural es la clave en el posconflicto», dijo.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
