Secreto bancario, ¿aliado de la evasión de impuestos?

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  • Publicado: 30 abril, 2014

Secreto bancario, ¿aliado de la evasión de impuestos?

La Unión Europea logró su propósito de eliminar el secreto bancario, el cual le cuesta a las arcas públicas un billón de euros anuales. En Colombia, la ley permite levantar todas las reservas existentes y acceder a la información, excepto a la que está en poder de la Fiscalía General de la Nación.

Vuelve y juega el tema de los paraísos fiscales. Y es que muchos capitales millonarios son llevados por las empresas y personas a estos no solo para eludir impuestos sino para ganar rentabilidad y ocultarlos por seguridad.

Es precisamente esa seguridad lo que se conoce como secreto bancario. Suiza, por ejemplo, es uno de esos países celosos en proteger la identidad y la cuantía de los fondos depositados en sus bancos. Pero con el paso del tiempo, esta Nación junto a otras han tenido que dar el brazo a torcer en su legislación para cooperar con las autoridades en sus investigaciones sobre lavado de activos.

El pasado mes de marzo los líderes europeos dieron un gran paso en la lucha contra la evasión fiscal en la Unión Europea. Los jefes de Estado y de Gobierno vencieron las resistencias de Austria y Luxemburgo para aplicar la directiva del ahorro, que acaba con el secreto bancario. El acuerdo abre también la vía para extender el intercambio de información a otros territorios como Suiza o Andorra.

Como lo publica El País de España, la U.E. lleva años sosteniendo un doble rasero para el fraude fiscal de alta gama. Por un lado, apremia a los paraísos fiscales a que proporcionen información automática sobre contribuyentes europeos que puedan estar sorteando al fisco de sus países. Por otra, permite a dos de sus Estados miembros, Austria y Luxemburgo, eludir la obligación de transparencia en los rendimientos fiscales de otros ciudadanos comunitarios mediante el pago de una tasa sobre los fondos allí depositados. Sin embargo, luego de meses de presión para acabar con esa incongruencia, los dos países accedieron a entrar en ese intercambio directo desde 2015.

“Se ha avanzado más en la lucha contra el fraude en los últimos 18 meses que en los últimos 18 años”, dice un diplomático europeo. Aunque el alcance de estas nuevas herramientas en la lucha contra el fraude dependerá mucho del modo en que se apliquen, lo cierto es que los Estados miembros recibirán, por primera vez, información sobre los intereses de cuentas, fondos y otros instrumentos financieros más novedosos que tengan sus ciudadanos en otros países. También se incluyen dividendos o ganancias de capital.

Desde el año 2013, el Consejo Europeo de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, buscaba obtener compromisos de todos los miembros para resolver el problema del secreto bancario, el cual cuesta a las arcas públicas de Europa un billón de euros anuales. «Si queremos asegurarnos de que nuestros ciudadanos paguen impuestos de forma honesta, debemos combatir la evasión fiscal en forma decisiva», decía Angela Merkel a la agencia AFP.

La bomba del secreto bancario explotó desde la divulgación de abusos de grandes empresas para reducir al mínimo el pago de impuestos. Uno de los casos más sonados es el de la empresa de informática estadounidense Apple, acusada de aprovecharse de fallas de los sistemas fiscales en el mundo para evitar el pago de miles de millones de dólares de impuestos.

De igual manera, General Electric ha sido criticado por haber escapado al impuesto federal en 2012 y la misma comisión de investigación atacó a los grupos informáticos Microsoft y Hewlett Packard.

Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, y su acceso a la reserva tributaria y el secreto bancario

Alberto Lozano, ex jefe de la Unidad de la UIAF de Colombia, explicó en la revista Caretas cómo opera esta entidad y explica algunas modalidades de lavado de activos detectadas en el país.

Lozano asegura la ley le permite levantar todas las reservas existentes y acceder a la información, excepto a la que está en poder de la Fiscalía General de la Nación en procesos que están en curso, la reserva sumarial.

Sobre el resto, tiene acceso a la información, con límites y garantías. La información tiene que ser solicitada por el supervisor del sector, la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Sociedades.

Segundo, la información solo puede ser requerida para fines de la lucha contra el lavado de activos; no puede tener ninguna otra finalidad, tal como la evasión tributaria o la persecución política. Y tiene que haber un test de pertinencia; debe ser útil para esos fines.

Cualquier información que se traslade a la UIAF tiene que seguir siendo custodiada y reservada.

Los bancos también tienen la información de todos los ciudadanos, y están obligados a custodiarla. Esa misma reserva se le aplica a un funcionario público que tiene más controles, más débitos penales, a quien lo vigilan muchos órganos de control.

Y ese ciudadano, que es un funcionario público, entrega la información solo a un fiscal para efectos de una investigación de lavado de activos. Entonces, no es realmente un levantamiento de la reserva, sino un traslado.

Acuerdos de doble tributación no son solución

Horacio Ayala, ex director de la DIAN, asegura en su más reciente columna de Portafolio que en Colombia, llevamos más de 10 años esperando la reglamentación de los paraísos fiscales, que reguló una ley desde el 2002 para frenar la evasión, incluyendo bienes de nacionales disfrazados como inversión extranjera.

«El camino a seguir son las medidas nacionales de control, como hacen los países desarrollados, particularmente a través de investigación cambiaria y tarifas especiales para las rentas y las inversiones provenientes de esos territorios», dice.

Para Ayala, tratar de identificar a los dueños de las sociedades del exterior es misión imposible porque no hay herramientas jurídicas y administrativas para ello. «Por la misma razón, es un error insistir en firmar acuerdos de doble tributación con el modelo OECD, para países desarrollados; si tenemos dificultades para controlar las rentas que se generan dentro del país, mucho más para las de afuera», concluye.

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