Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Vanessa Ospina Palacios, contadora pública, consultora en sistemas de administración de riesgos y auditora, afirma en Actualícese que un reto de toda empresa es hacer sostenible su SARLAFT sin sacrificar sus negocios, es decir, establecer medidas de control eficientes que no ahoguen a la organización.
Vanessa Ospina Palacios, contadora pública de la Universidad del Valle y organizadora del I Congreso Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, dice que el objetivo de realizar este evento radica en la generación de conciencia frente a esta actividad ilícita y con ello mismo, la intención de resaltar la gestión de nuestro país en cuanto a este tema. «La idea es brindarle a los asistentes un espacio donde puedan interactuar con expertos en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, con el fin de complementar sus conocimientos», explica.
Adicionalmente con el evento se busca capacitar gratuitamente alrededor de 300 personas que requieran implementar los sistemas SIPLAFT/SARLAFT en sus empresas para dar cumplimiento a la normativa vigente, teniendo en cuenta que es un evento donde participarán el sector real (organizaciones, abogados, contadores, revisores fiscales, notarios, entre otros), el sector solidario, oficiales de cumplimiento y entidades reguladoras. Sobre el tema Actualícese dialogó con ella.
Uno de los mayores retos de toda empresa es hacer sostenible su SARLAFT sin sacrificar sus negocios, es decir, establecer medidas de control eficientes que no ahoguen a la organización con una exageración de los controles, los cuales deben ser efectivos en cuanto a que actúen directamente en una reducción importante de la probabilidad y su respectivo impacto.
La normatividad en Colombia presuntamente tiene muchos vacíos, desde las definiciones establecidas en los diversos glosarios de términos usados por los distintos órganos de supervisión, vigilancia, inspección o control, hasta la aplicación de las medidas de prevención y control. Los mecanismos de prevención y control para sectores diferentes al financiero están basados en los artículos 102 al 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), norma creada para la protección de este sector.
Y entonces, ¿qué pasa con el sector social, solidario y real? Sencillamente, que han tenido que adaptar sus sistemas de prevención y control a una norma enfocada eminentemente al lenguaje financiero, bursátil o asegurador y no a su propia realidad, lo que les ha traído inconvenientes a la hora de diseñar e implementar su SARLAFT.
Afortunadamente tanto el sector público como el privado están muy comprometidos en contra del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Cada vez más sectores y actividades económicas sienten la necesidad de sumarse a las iniciativas y buenas prácticas en materia de detección, prevención, control y reporte de operaciones sospechosas enmarcadas dentro de sus sistemas de administración de riesgos. Según información obtenida del informe de rendición de cuentas de 2017 de la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF–, actualmente reportan operaciones sospechosas y otros reportes objetivos 14.917 entidades no financieras y 398 financieras.
El sector público también actúa en consideración a los riesgos de lavado de activos y la financiación del terrorismo a través de ministerios como el de Justicia y el Derecho, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Educación Nacional, quienes actualmente forman parte de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos –CCICLA–, órgano asesor del Gobierno nacional encargado de proponer las políticas públicas en estas materias.
Desde el año de 2009 se creó la Alianza de Negocios Responsables y Seguros –NRS– por iniciativa de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito –UNODC–, la Cámara de Comercio de Bogotá –CCB– y la Embajada Británica en Colombia, a la que se sumó el Ministerio de Justicia y del Derecho como socio estratégico en el año 2012. Esta alianza se basa en la idea de que el sector público tiene que asociarse con el sector privado para luchar contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción. La alianza entre el sector público y el privado busca aportar beneficios a los dos sectores, en términos de conocimientos, intercambio de información y experiencias, así como, acciones y resultados conjuntos.
Es innegable el compromiso del sector financiero en la materia, a través del impulso de sus entidades hacia el mejoramiento constante de sus sistemas de prevención y control de la mano de la Superfinanciera de Colombia. Así mismo, lo es la responsabilidad con la que sectores como los juegos de suerte y azar, comercio exterior, cooperativo, vigilancia y seguridad privada han asumido la lucha contra el lavado de activos a través del fortalecimiento a sus sistemas integrales de prevención del LA/FT.
En su gran mayoría, la respuesta ha sido positiva en cuanto a la decisión de contar con el sistema SARLAFT. Sin embargo, algunas organizaciones pertenecientes a distintos sectores económicos, cuando se enfrentan al desarrollo de los pasos que hacen efectiva su aplicación, presentan dudas en el diseño y por ende en la implementación que vuelven lento el proceso de adopción efectivo del mismo.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
