Seguridad jurídica le pasa cuenta de cobro a Colombia

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  • Publicado: 17 marzo, 2017

Seguridad jurídica le pasa cuenta de cobro a Colombia

El objetivo que tiene el Gobierno de que Colombia ingrese al grupo selecto de la OCDE podría verse truncado por culpa de un severo retroceso de la seguridad jurídica para inversores extranjeros que se viene presentando, según un informe elaborado por una firma española.

La pérdida de seguridad jurídica y la corrupción pueden ser los principales obstáculos que se le presentan a Colombia para que el país ingrese a la OCDE. Lo anterior se desprende de un reciente informe elaborado por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) junto con la firma de abogados Cremades & Calvo-Sotelo.

El informe habla de una descoordinación y sombra de corrupción política, aspectos que ponen en riesgo la incorporación de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo que agrupa a los 35 principales países del planeta y cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales para fomentar el crecimiento y el empleo.

La salvaguarda de la calidad regulatoria, que son las normas emanadas de procesos transparentes y participativos, atención a la tutela judicial efectiva, motivación suficiente y no confiscación, y la existencia de autoridades regulatorias independientes, nivel de neutralidad competitiva e imparcialidad, son los dos principales elementos valorados en el informe.

«En Colombia se ha producido un severo retroceso de la seguridad jurídica para inversores extranjeros. Si bien la posición geoestratégica del país ha crecido exponencialmente (de ahí su actual proceso de incorporación a la OCDE), la independencia y autonomía de las autoridades reguladoras y supervisoras se ha resentido gravemente antes las presiones electorales y la tensión populista», indica el informe.

«Los reguladores colombianos mantienen una estructura confusa y descoordinada, especialmente en energía, minas y telecomunicaciones. La situación se agrava por un sistema de superintendencias no demasiado independiente y la creciente sospecha de corrupción», agrega.

Como un ejemplo de inseguridad jurídica en nuestro país, el documento cita la reciente intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que ha arrebatado la compañía de la gestión de Gas Natural Fenosa, grupo español que tiene el 85% del capital. El estudio también destaca el incremento de la inseguridad en casos de arbitraje internacional como los de Glencore PLC, Cosigo Resources, América Móvil, Telefónica o Anglogold Ashanti. 

Desde la esquina del Gobierno, y con los escándalos de licitaciones y contratación que se han venido destapando, se le están metiendo «dientes» al asunto. Por ejemplo, en febrero de este año, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó liquidar el contrato de construcción de la Ruta del Sol 2, y abrir una nueva licitación para restablecer la libre competencia.

En un comunicado, la Superindustria afirmó que “es una elemental obligación que en Colombia se aplique con todo rigor la Constitución y la Ley, y que las empresas inescrupulosas que le hacen trampa al país, al sistema económico, al patrimonio público y a la libre competencia económica, no se lucren o beneficien de ello, y por el contrario, sepan que en Colombia la seguridad jurídica implica que la violación de las normas de la libre competencia económica no queda impune”.

Cambios en reglas de juego para empresas no gustan

“Lo que sí se puede asegurar es que muchas empresas extranjeras que desean llegar al país, podrían estar replanteando este punto de vista”

Por otra parte, y aunque ya van tres meses que la reforma tributaria entró en vigencia, todavía no es tiempo para conocer el impacto que tendrá para las empresas. Lo que sí se puede asegurar es que muchas empresas extranjeras que desean llegar al país, podrían estar replanteando este punto de vista. Por lo menos así lo ve el director general de la Cámara de Comercio Hispano Colombiana, Enrique de Zabala, en Portafolio.

«La paz no es un tema que vaya a jalonar la llegada de empresas al país. A estas les importa mucho más la reforma tributaria que si hay paz. Las compañías van donde pueden hacer negocios, mientras que la seguridad se puede incluir en los planes de negocio», explica Zabala.

Para él, «la reforma tiene razón de ser, pero la gente de a pie va a sentir un impacto muy grande y eso puede afectar al consumo. Y en el caso de las empresas, muchas de las que estaban pensando en instalarse en Colombia ahora lo están pensando y, posiblemente, cambien sus planes y busquen otros mercados como Perú o México, ya que puede hacer que no sea tan evidente invertir aquí. El principal problema es que con la reforma se han cambiado las reglas del juego, muchas empresas llegaron con unas condiciones, por lo que si ahora las cambian, da sensación de inseguridad».

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