Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Mediante la Ley 789 de 2002 se creó el Seguro de Desempleo, con el fin de ofrecer una alternativa de protección contra la problemática del desempleo en situaciones de deterioro de la actividad económica.
Este seguro está financiado por el Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al Desempleado, administrado por las Cajas de Compensación Familiar. Existen dos tipos diferentes de beneficiario del seguro, dependiendo de que el individuo haya estado o no afiliado previamente a una Caja de Compensación Familiar y que sea cabeza de familia.
Este seguro frente al desempleo ha recibido respaldo pero bajo ciertas condiciones, de la industria aseguradora del país que consideró que el amparo que se plantea no sería para cualquier trabajador que pierda su empleo. Según Fasecolda, el seguro cobijaría solamente a empleados que se queden sin trabajo y tengan compromisos financieros relacionados con préstamos de vivienda. Así lo publicó Caracol.
«El propósito es que si el deudor se queda sin empleo, el seguro le permita, por algún tiempo determinado, cubrir la obligación crediticia. La eventual idea de un seguro general, para todo el que pierda su trabaja, es muy compleja», dijo el presidente de Fasecolda, Roberto Junguito Bonnet.
«Daremos una respuesta positiva por parte de la industria pero vamos a ver cuáles son las condiciones, cómo debería operar esa clase de seguro, cómo debe diseñarse este producto, para qué tipo de personas, para formales o informales, debe ser obligatorio o no, cómo operaría, durante cuánto tiempo se repagarían las cuotas a quienes queden desempleados, en fin», indicó el exministro Junguito.
Será condición para acceder a los beneficios del Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al Desempleado, frente a cualquiera de sus prestaciones por parte del trabajador, el no hacer parte de las siguientes categorías de trabajadores:
1. Quienes ostenten la calidad de servidores públicos de elección popular, así como los de período fijo.
2. Quienes hubieren cumplido los requisitos para la pensión de jubilación por invalidez, vejez o sobrevivencia.
3. Quienes hubieran sido despedidos como consecuencia de conductas delictivas o contravencionales.
4. Ser beneficiario del régimen de subsidios a que se refiere el artículo 8° de la Ley 789 de 2002.
5. Haber utilizado este beneficio en fecha anterior, conforme lo previsto en el artículo 10 de la Ley 789 de 2002.
6. Quienes se hayan acogido a un plan de retiro voluntario.
Para Roberto Junguito Bonnet el seguro debe ser obligatorio para evitar selección adversa. El esquema de beneficios debe reducir el riesgo moral. Para ello, la indemnización debe pagarse después de un lapso de desempleo, ser decreciente, temporal y comprender sólo una proporción de su último salario.
Es común encontrar que el seguro se expide a trabajadores quienes demuestran haber tenido estabilidad laboral mínima. En el transcurso de la indemnización, la persona deberá recibir capacitación y verificarse que no se encuentra trabajando. El desempleado está obligado a aceptar un trabajo después de recibir determinado número de ofertas.
En la mayoría de los países la financiación del seguro se basa en aportes del trabajador y, en menor escala, en contribuciones de las empresas y del Gobierno. En el caso de Colombia se evalúa si también podrían trasladarse recursos del subsidio al desempleo y otros de origen parafiscal, así como de las cesantías. Su administración es adelantada directamente por el Estado, con excepción de países como Suecia, donde hay esquemas privados, y Chile con participación de Fondos de Cesantías.
El Banco Colpatria, a mediados de 2008, asociado con el grupo financiero estadounidense GE Money, anunció el primer seguro de desempleo en Colombia. «Es un seguro de desempleo que iremos expandiendo a otros productos», señaló el presidente del Banco Colpatria a El Espectador, Santiago Perdomo.
Ya se han vendido más de 5.000 pólizas de ese tipo entre los clientes. Cabe recordar que el seguro de desempleo cubre las cuotas mensuales por el monto escogido por el cliente durante un período de seis meses, se aplica a empleados de empresas e independientes y también cubre la incapacidad temporal.
Por otra parte, los afiliados a Protección cuentan con este servicio, el cual cubrirá el pago de salud y pensiones seis meses después de el afiliado pierda su trabajo. La póliza no tiene ningún costo para los afiliados y rige desde marzo de 2010 hasta febrero de 2011.
Según Mauricio Toro, presidente de Protección, «la cuantía de inversión de este producto depende de que los afiliados conserven y mantengan sus cesantías en Protección», así lo aseguró a El Colombiano.
Para acceder al seguro es necesario estar afiliado a Protección en pensiones obligatorias durante los últimos dos años y haber realizado aportes mensuales en los últimos seis meses. Así mismo, en cesantías, es necesario que el afiliado tenga un saldo superior a dos millones 60.000 pesos y haber recibido aportes de cesantías en los últimos dos años.
De igual manera, la persona debió dejar intactos sus ahorros. «Si el afiliado pierde su empleo involuntariamente y cumple con las condiciones de cobertura, debe presentarse en cualquiera de nuestras oficinas donde se iniciará el proceso para el pago de las cotizaciones a pensión y salud, hasta por seis meses», explicó Toro.
En esta entidad, el seguro contra el desempleo garantiza el pago de 12 cuotas mensuales de amortización del crédito, cuando se encuentre en situación de desempleo. Este beneficio cesa una vez se vincule laboralmente.
El seguró tendrá luz verde cuando exista: despido sin justa causa, la declaratoria de insubsistencia, el despido a empleados de libre remoción, la renuncia, el muto consentimiento, la terminación anticipada del contrato a término definido, supresión de cargos por fusión, transformación o liquidación de entidades públicas o empresas privadas, cualquier otra modalidad de desvinculación laboral por reestructuración de entidades del estado y cualquier otra modalidad de despido sin justa causa.
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