Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Conforme al artículo 2, numeral 2 de la Ley 80 de 1993, los servidores públicos son aquellas personas naturales que ejercen funciones públicas, que prestan su fuerza laboral o sus servicios de forma dependiente a los organismos, instituciones o entidades estatales, con excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta, siendo sus representantes legales, funcionarios de niveles directivos, asesores o ejecutivos que celebren contratos en representación de dichas organizaciones, los únicos que pertenecen a esta categoría.
Así mismo, cumplen la función de satisfacer las necesidades de la población de forma general, continua y permanente, buscando cumplir con los fines esenciales del Estado. También pueden denominarse como aquellas personas vinculadas con el Estado para el cumplimiento de ocupaciones estatales que se encuentran investidas de jurisdicción y potestad para desempeñar funciones públicas de manera transitoria o permanente según el tipo de vinculación que posean, como lo prevén los artículos 118, 123, 210 y 267 de la Carta Política.
Los servidores públicos ejercen sus funciones en las entidades estatales de la nación como: las regiones, asociaciones de municipios, departamentos, provincias, distritos de capital y especiales, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, en las entidades de economía mixta donde el Estado tenga participación superior al 50%, el Senado de la República, Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, contralorías departamentales, distritales y municipales, ministerios, superintendencias, departamentos administrativos, y demás organismos que disponga el articulo 2 numeral 1 de la Ley 80 de 1993.
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