Si los administradores cumplieran sus deberes, las revisorías no necesitarían tantos recursos

Según reseña Michael Cohn:

“More than half of compliance officers believe they don’t have enough resources to carry out their function adequately, and nearly a third say their auditing and monitoring process is insufficient, according to a new survey. ―The survey, from the Bonadio Group, a Top 100 Firm, polled a group of compliance officers and found that 57 percent of the respondents indicated they don’t have the resources to adequately carry out the compliance function, compared to 54 percent in the firm’s previous 2014 and 2016 surveys. Thirty-one percent said their auditing and monitoring process is insufficient for an effective compliance program (though this figure has improved from 42 percent in 2016). ―One out of five survey respondents indicated their organization doesn’t perform an annual organization-wide risk assessment. Eighty percent of the compliance officers polled said they’re part of the senior leadership of their organization and 76 percent are involved in organizational strategic planning. But, 65 percent of compliance officers reported their organization doesn’t have a succession plan in place for the compliance function (…)”.

En Colombia varias veces hemos exigido a las autoridades ocuparse de la suficiencia de los recursos necesarios para el correcto desempeño de la revisoría fiscal. Las autoridades son prontas para censurar a los profesionales de la contabilidad, pero desde la expedición del Código de Comercio no han hecho nada para librarlos de las asignaciones de los empresarios, aunque estas han sido y son insuficientes.

Si los administradores cumplieran sus deberes, las revisorías no necesitarían tantos recursos. Pero como se les trata con guante blanco, especialmente no abriendo investigaciones contra ellos, sino contra las empresas y sus revisores fiscales, suelen tener un gran desinterés por una institución que consideran que no produce valor.

Sabemos que los controles de los administradores gozan de más apoyo que los que están llamados a vigilar a los propios administradores. La revisoría es sometida a múltiples vejámenes para “colocarla en su sitio”, es decir, para hacerla perder su independencia frente a la administración.

El Estado, en lugar de ayudar, complica, al exigir labores no incluidas en la remuneración del auditor y darle la espalda cuando de ejercer el derecho a una compensación justa se trata. Sin duda, el Estado ejerce violencia contra el revisor. Lo sacrifica frente a la comunidad, sin hacer acto de contrición de todo lo que debería realizar en su beneficio.

Al abordar el proyecto de regular la revisoría fiscal debe imponerse la obligación a las autoridades de evaluar los presupuestos acordados con los revisores, según criterios técnicos que incluyan la comprobación de su suficiencia, en el plano de la realidad que habrán de enfrentar. Si el resultado no fuese satisfactorio, la autoridad debería promover, hasta lograrlo, el ajuste necesario. Así debe ser, si es que es verdad que la tarea es cosa del bien común.

Hernando Bermúdez Gómez
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones
Número 4925, marzo 16 de 2020.