Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El colega Hernando Zuluaga M, Representante de los Contadores públicos en el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, acaba de publicar uno de sus editoriales en “admin.actualicese.co”, en el que se refiere a los frustrados proyectos de ley sobre la Contaduría Pública y propone varios temas para elaborar un nuevo proyecto, entre ellos el de “Garantía de formación universitaria adecuada para el Contador Público”. Es importante que analicemos este punto.
Son varios los proyectos de ley que acerca de la profesión contable se han conocido después de la entrada en vigencia de la ley 43 de 1990. Y, hasta el momento, ninguno se ha preocupado por la calidad de la formación profesional de los contadores públicos. Por eso me parece de especial interés lo que propone el colega Zuluaga en su reciente editorial y vale la pena que lo analicemos con detenimiento.
En su numeral 9 la propuesta de temas a tener en cuenta dice: “Garantía de formación universitaria adecuada para el Contador Público. Que la Presidencia de la República cree una comisión conformada por tres delegados del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, y tres delegados del Ministerio de Educación, para que en un plazo no superior a un año, establezca la forma de determinar y garantizar, una formación profesional adecuada del estudiante de Contaduría Pública al terminar sus estudios.”
En primer lugar, me parece conveniente que en la propuesta comisión se incluyan también representantes de la Junta Central de Contadores y de las facultades y departamentos de Contaduría de las universidades legalmente aprobadas en Colombia. De lo contrario se correría el riesgo de que se normatice sobre el tema sin tener el suficiente conocimiento de él y sin contar con las circunstancias, dificultades, posibilidades y recursos que tiene el sector académico. Para que la comisión no sea demasiado grande y resulte más ágil su funcionamiento sugiero que se componga solo de cuatro personas, cada una, respectivamente, en representación de: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de Contadores y facultades y departamentos de Contaduría Pública.
En cuanto a establecer “la forma de determinar y garantizar, una formación profesional adecuada del estudiante de Contaduría Pública al terminar sus estudio”, creo que es bastante difícil –aunque no imposible- conseguirlo.
Las universidades públicas y las universidades privadas viven en condiciones muy diferentes. El salario de los docentes en las públicas es ostensiblemente superior al de la mayoría de las privadas. Así mismo los requisitos que exigen las públicas para contratar un profesor suelen ser mucho más elevados que los que piden casi todas las privadas. Las instalaciones y los recursos materiales, tecnológicos y económicos –así como los servicios de biblioteca y asesoría para la investigación- de las públicas son claramente superiores a los de las privadas. El objetivo de las públicas es, en general, el de preparar buenos profesionales y en algunos casos el de responder a las necesidades y criterios de los gobernantes de turno. Por su parte muchas de las privadas –ocultas tras su disfraz de fundaciones sin ánimo de lucro– buscan ante todo el éxito económico institucional y el favorecimiento de los privilegios monetarios y sociales de sus directivos y de sus áulicos, dejando la calidad académica en un segundo plano. Hay honrosas y reconocidas excepciones, pero esas excepciones no son suficientes para compensar el bajo nivel de las demás.
Autor:
C. P. Carlos SastoqueM.
Email: carsastoque@yahoo.com
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
