Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
De acuerdo a un informe emitido recientemente por Fedesarrollo, es imperante la necesidad de una reforma tributaria que no se puede postergar más. En este documento se expone una serie de coyunturas internas y externas que presionarían al Gobierno Nacional a desarrollar cambios al marco tributario nacional, pues el impacto de estas situaciones se traduciría en una mayor necesidad de recursos financieros para cubrir el gasto público, excediendo posiblemente lo presupuestado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). De acuerdo a Fedesarrollo, sin acuerdo de paz, el Gobierno Nacional Central tendría que buscar financiación adicional cercana a 2.1% del PIB con respecto a lo contemplado en el MFMP para 2014.
Estos sucesos obedecen principalmente a un menor crecimiento de los países emergentes con respecto a lo proyectado en 2013. Ejemplo de ello es China, con un pronóstico ajustado de 7.3% para 2014, cifra inferior a lo estimado el año anterior ubicado en 8%. Esta desaceleración conlleva una disminución en los precios de los combustibles y los alimentos (especialmente productos básicos). Específicamente el precio del petróleo podría verse aún más afectado por el alto nivel de producción. La reducción en el precio internacional de los alimentos ocasionaría un menor crecimiento de los países latinoamericanos y una disminución de las exportaciones de Colombia, entiendo que estas economías son socios comerciales importantes para el comercio internacional del país. Fedesarollo cuantifica este impacto como una reducción de los ingresos fiscales en aproximadamente 0.3% del PIB para los próximos años.
En línea con lo anterior, el buen ritmo de recuperación de los países desarrollados permite estimar una aceleración en el desmonte de sus políticas monetarias expansivas, fortaleciendo la posibilidad de un incremento en las tasas de interés internacional, perjudicando el financiamiento del Estado que se traduce en un aumento en pago de intereses 0.6% del PIB para los próximos cuatro años.
A nivel interno, la urgente atención al sector rural y agropecuario, conllevaría un costo fiscal adicional de aproximadamente 0.4% del PIB con respecto al MFMP, con la posibilidad de que esta situación se complejice al haber un acuerdo de paz.
De igual forma el sector salud demandaría un 0.8% más de recursos por año con el objetivo de cubrir las deudas financieras acumuladas y para incorporar al sistema de aseguramiento los gastos No-POS y todas las coberturas en salud establecidas en la Ley Estatutaria aprobada en 2013.
Al mismo tiempo, para disminuir los problemas de cobertura y equidad del sistema pensional, se requiere fortalecer los esquemas no contributivos de sustento a los adultos mayores como lo es el BEPS (Colombia Mayor y los Beneficios Económicos Periódicos), significando un gasto del 0.2% del PIB por año. Del mismo modo, los proyectos de mejora en la calidad de la educación conllevaría un gasto adicional del 0.3% del PIB, abarcando principalmente la propuesta de la jornada única en las escuelas y un aumento en el salario de los profesores. Por último, dentro de las prioridades de política pública se encuentra los planes te extensión a la atención integral de la primera infancia, logrando cobertura plena de la población infantil vulnerable, contribuyendo con un costo fiscal de 0.4% del PIB.
Sin lugar a duda, todo lo anterior impacta el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Gobierno Nacional, por lo cual deberá realizar las gestiones necesarias para cumplir con sus obligaciones. Propuestas como una reforma tributaria está en la mesa de trabajo, sin embargo algunas asociaciones como Asobancaria y diversos analistas no la consideran conveniente, argumentando que los efectos de la reforma de 2012 no se han completado y un cambio a nivel tributario pondría en riesgo a la inversión privada.
Por:
Héctor Mauricio Muñoz Serna
Administrador de Empresas con énfasis en finanzas
*Exclusivo para actualicese.co
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
