Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Es una realidad, los sobornos son comunes en el ambiente empresarial. La razón principal por la cual se ofrecen es que sin ellos se pierden negocios. Los pagos se han convertido en un requerimiento por parte de los funcionarios involucrados. Empresas deben fortalecer sus políticas anticorrupción.
El Consejo Privado de Competitividad –CPC– en su Informe Nacional de Competitividad 2018-2019 dedica un capítulo al tema de la corrupción en nuestro país, tanto en el sector público como en el privado. A continuación destacamos algunas observaciones que la entidad hace respecto a este último.
La corrupción en el sector privado es una práctica que debilita la democracia e impacta en el desarrollo productivo de un país. «La creencia en la existencia de sobornos en el sector privado afecta la legitimidad del sistema político y disminuye las tasas de crecimiento de las firmas en niveles mayores que un aumento en la tributación», dice el CPC.
Aunque se han presentado esfuerzos en la materia, como la adhesión de Colombia a la convención de lucha contra el cohecho transnacional de la OCDE, el soborno aún es visto como una de las prácticas de corrupción más recurrentes en el entorno empresarial colombiano. La última Encuesta global de fraude de EY, realizada a 2.550 ejecutivos de 55 países, muestra que en Colombia el 94 % de los encuestados considera que los sobornos son recurrentes en el ambiente de negocios. En ese sentido, el país es únicamente superado por Brasil.
Los resultados de la realizada por Transparencia por Colombia y la Universidad Externado, entregan evidencia adicional respecto al uso de sobornos en el sector privado. El 63 % de los encuestados piensa que la principal motivación para ofrecer sobornos es que sin estos la empresa pierde negocios, y un 53 % reconoce que los pagos fueron un requerimiento por parte del funcionario involucrado.
En el 2016 las modalidades de soborno más populares fueron pagos por agilizar trámites, con un 67 %; uso de contratos, con un 53 %; y contribuciones políticas, con un 51 %. Sin embargo, solo un 8 % de los encuestados afirma que cuenta con registro contable de las contribuciones políticas, por lo que estos resultados confirman la permanencia de riesgos de corrupción en contiendas electorales. Además, la entrega de sobornos como contribución política es una práctica usual, utilizada por el sector privado para capturar al Estado.
El CPC recomienda a las compañías la adopción de sistemas de integridad corporativa y políticas anticorrupción que cumplan con estándares básicos:
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
